- Agenda Política
Las leyes secundarias correspondientes a la reforma político electoral de 2013, deben de estar listas a más tardar este 30 de abril. La perentoriedad del plazo para concretar el trabajo legislativo, ya fue definido como “fatal” por el perredista Silvano Aureoles, a manera de invitación de los otros dos grandes partidos del fenecido Pacto por México (PRI y PAN).
La agenda de San Lázaro, después de varios días de asueto, reinicia con presiones hacia el proceso político jurídico de lo que será, ni más ni menos que las próximas reglas electorales a nivel nacional. Si de suyo este procedimiento legislativo es trascendental para los nuevos estándares democráticos del país, el engranaje de acuerdos entre partidos persistente en el Congreso de la Unión privilegiará los consensos entre las partes, más que ofrecer una oportunidad para el debate constructivo de las materias que se discuten.
Como muestra, días previos a la interrupción del periodo ordinario de sesiones debido a las festividades religiosas, el timming de los consensos asomaba en el conflicto de posturas (netamente retóricas) entre el PRD y el PRI por la urgencia o moderación de la aprobación del régimen secundario de la reforma energética. El priísta Beltrones, con su ejemplar oratoria pedía al Sol Azteca no atropellar los “tiempos del país”, a lo que el senador Barbosa habría de revirar, con un tono mucho más llano, que la prisa manifiesta del diputado obedecía necesariamente a los intereses económicos involucrados.
Es por ello que, la serie de reglamentaciones secundarias que están por decidirse en el Congreso de la Unión se verán matizadas por un PRD que busca retomar fuerza en las negociaciones con Gobierno Federal, encabezados por los “chuchos” de Jesús Ortega, y dejando en el camino a Marcelo Ebrard. Las condiciones de desgaste en que se encuentra el PAN a nivel nacional debido a las próximas elecciones por su cambio de dirigencia; y un PRI que ha mantenido la cohesión y el criterio de apertura hacia los otros partidos, siempre y cuando no afecten los intereses fundamentales de sus directrices.
La pertinencia del nuevo marco jurídico que sostenga la reforma político electoral, encontrará su “prueba ácida” en cuanto pueda dar viabilidad al instrumento más importante ahí formulado: la fiscalización y auditoría de campañas políticas en tiempo real; que además de regular busca, en primer lugar, tener un registro oportuno de los flujos monetarios que se disparan al interior de un proceso electoral.
Independientemente de la estandarización de una Ley General de Partidos (proyecto respaldado en los tiempos del Pacto por México por el ahora presidente del INE, Lorenzo Córdova) que pueda homologar los criterios de funcionamiento de los partidos políticos tanto a nivel federal como local, y que redefina las garantías a la militancia de los mismos, el tamiz último de las nuevas leyes no deja de ser la transparencia de los recursos públicos en aquellos organismos políticos, incluso en la etapa de interproceso.
En el lenguaje jurídico, se podría decir que “el espíritu” de la nueva reforma política electoral tiene como paradigma y reto, la visibilidad del uso de los recursos financieros en las tareas que engloban el sufragio y la obtención de votos.
Es precisamente por nuevos fenómenos jurídico políticos como el que ilustraba anteriormente, que nos encontraríamos ante un nuevo horizonte institucional en la vida electoral del país. Una institución no nace simplemente por el decreto de su creación, como en el caso del Instituto Nacional Electoral, sino por los mecanismos que herede a los ciudadanos para darle sustancia a sus derechos y garantías.
En este escenario, los elementos con que contamos en la transformación del IFE al INE, llevarán necesariamente a ejercicios electorales de ensayo/error. Esto es, la nueva reglamentación dotaría de facultades a la nueva Dirección Ejecutiva de Fiscalización -dejando atrás su vida como Unidad de Fiscalización que hacía las veces de contraloría- para poner en marcha el nuevo proyecto de auditorías en tiempo real para procesos electorales, e interprocesos.
Un par de días atrás, quien aun funge como director de aquella Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, dio luz sobre la magnitud del nuevo modelo fiscalizador, al cual no sólo se han aumentado los sujetos obligados, sino que deberá de enfocar la dinámica de esta adscripción del INE en “fijar medidas que permitan dictámenes en plazos cortos para que aplique, eventualmente, la causal de nulidad por rebase de topes de campaña prevista en la Constitución.”
Es en la adaptación de este nuevo modelo, así como la mayor presencia de los partidos nacionales a nivel local, donde se decantará el nuevo paradigma de la fiscalización, y donde ahora se aglutinan los derechos políticos de los ciudadanos. Está en juego la pertinencia del árbitro electoral en tanto garante de transparencia, certidumbre, imparcialidad, legalidad y legitimidad. ■
