El futuro de la telecomunicación en México no se observa nada halagador. El motivo es porque la excelente Reforma Constitucional realizada en la materia está a punto de irse al traste debido a la iniciativa de Ley Secundaria propuesta por Enrique Peña Nieto.
Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances.
De ser aprobada la propuesta tal y como la envío el priísta al Congreso de la Unión significaría el retraso digital, limitarían la libertad de expresión, se regularían los contenidos en el Internet, no se garantizaría la equidad de género y quedarían sin restricción algunas de las grandes empresas del ramo.
Esas son sólo algunas de las afectaciones que para el país podría traer la aprobación de la Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones propuesta por Peña Nieto.
Pero habría más, porque se trata de una iniciativa de ley secundaria que es insuficiente para atender las necesidades del México actual en materia de telecomunicaciones y, todavía más, muchas de las disposiciones que contempla van en contra de la reforma constitucional efectuada, por lo que de aprobarse podría ser “echada abajo”.
La iniciativa peñista está basada, como uno de sus puntos principales, en la tentación de alcanzar el control antidemocrático de los medios de comunicación y lograr la censura. Junto con ello busca vulnerar los derechos de la libertad de expresión, información y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En cuanto a Internet se refiere, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales, en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales.
Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Por todos esos motivos, un servidor estamos en contra de esa propuesta de Ley Secundaria, ya que con su contenido regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones, llámense América Móvil y Telmex, y en radiodifusión, como Televisa, emporio al que deja sin controles suficientes.
Rechazamos la iniciativa porque le quitaría facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y lo sometería a las decisiones de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; le impediría definir sus mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en contenidos; y le pasaría a la Profeco su obligación de defender los derechos las audiencias y usuarios de telecomunicaciones.
La iniciativa propone la regulación y supervisión de los contenidos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, invalidando además las decisiones del órgano regulador autónomo especializado en la material.
Propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación, en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial.
La multimencionada iniciativa dejó en el total olvido la igualdad de género, pues no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, porque no garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular su influencia en los procesos de toma de decisión.
Tampoco exige la creación de mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos.
Un tema que deja incompleto es la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017.
Para efectos de la neutralidad de redes, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales.
Ante este breve análisis que hoy les presento es por lo que insistiremos en que la propuesta de la Ley Secundaria sea modificada y corresponda en su contenido a la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones. ■
*Representante del PRD ante el INE
