Autodefensas, violencia de Estado y disidencia, fenómenos que se entrelazan

Autodefensas, violencia de Estado y disidencia, fenómenos que se entrelazan
  • Perspectiva crítica

En los meses recientes la atención en el tema de las autodefensas se ha concentrado en los grupos formados en el estado de Michoacán, lo que encuentra su explicación por un lado en la enorme movilización de simpatizantes y miembros de estos grupos, y por otro en la fuerte mediatización que se ha hecho de este significativo fenómeno social. No obstante, es poco lo que se dice de las causas profundas que han propiciado este tipo de movimientos en México, y es incluso menor la atención que recibe el amplio contexto de la inconformidad social que se organiza, se manifiesta y en algunos casos toma las armas.

El propósito de este artículo no radica en cuestionar o legitimar los movimientos de autodefensa, sino en dar cuenta de dos aspectos fundamentales: a) la emergencia de los grupos de autodefensa no es un fenómeno aislado, no es reciente ni está al margen de la descomposición social que actualmente padece el país b) la disidencia -manifestada de manera pacífica o armada- ha padecido un sistemático embate por parte del aparato de Estado, además de que la consigna del gobierno es desacreditar este tipo de grupos.

Sobre el primer punto destaca la reciente conmemoración en la comunidad K’ire (grande) de la Meseta purépecha, en Cherán, Michoacán, por haber tomado desde hace tres años las armas para defenderse de los grupos criminales, los cuales mataron a cerca de una veintena de personas, además de que talaron más de 18 mil hectáreas de bosque, según los propios habitantes de la zona. El hecho es simbólico pues además de que estos grupos han montado una larga y efectiva resistencia contra los grupos criminales sin el apoyo de las autoridades, da cuenta de la volatilidad que existía en este estado desde hace varios años, lo cual no obstante, sólo es un caso entre muchos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció en 2013 la existencia de grupos de autodefensa en al menos 11 estados de la República, sin embargo el sesgo informativo que los medios de comunicación –particularmente el duopolio televisivo- al servicio de Gobierno Federal han dado a estos datos se orienta a un conflicto entre antagónicos: sociedad civil representada por las fuerzas armadas contra grupos criminales, pero se deja de lado que en buena medida la inconformidad social radica en la situación de rezago y necesidad. Considérese en este sentido que hay autodefensas en 47 de 81 municipios del estado de Guerrero, y de acuerdo a la CNDH, nueve de estos municipios padecen un alto grado de marginación y rezago. Pese a ello, estos lugares están excluidos de la Cruzada contra el Hambre, por lo que no es de extrañar que diversos grupos de autodefensa tengan como consigna el reclamo a las autoridades de mejores condiciones de vida y no sólo la garantía de seguridad pública, además de que es previsible que esto ocurra en muchas otras comunidades marginadas a lo largo de la República, pues resultan idóneas para las operaciones del narco por su precaria seguridad pública y su alto grado de corrompimiento a raíz de su pobreza y necesidad.

El segundo de estos puntos representa una larga cadena de violaciones a los derechos humanos, la cual tiene sus eslabones más sensibles en la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968; el “halconazo” perpetrado a mansalva en 1971; la matanza de campesinos desarmados en Aguas Blancas, Guerrero; la matanza de niños y mujeres indígenas en Acteal, Chiapas; la represión y el salvataje de policías en Atenco, Estado de México; la irrupción de fuerzas del orden en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2000; la represión de la manifestación pacífica de padres de familia en la primaria Juan Álvarez en 1967, en Guerrero, lo que dio origen a la guerrilla de Lucio Cabañas. Es evidente que cada uno de estos casos tiene su contexto y están separados tanto por espacio como por tiempo, sin embargo los vincula el común denominador de padecer a un gobierno represor, título que en especial el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha ganado a pulso no sólo por golpear, encarcelar injustificadamente o asesinar, sino por el uso de paramilitares para atacar a estudiantes y ciudadanos; por utilizar al Ejército Mexicano como comando de choque contra la disidencia, y por la manipulación de los marcos legales para criminalizar tanto las protestas públicas como la toma de las armas en defensa propia. En este sentido no estamos ante un gobierno ineficiente y arbitrario, sino ante una violencia de Estado que se ejerce sobre la población de manera sistemática. El escritor Carlos Montemayor advirtió al respecto, y acertadamente dio cuenta de la tentativa gubernamental de restar importancia y deslegitimar la inconformidad ciudadana con el propósito de no reconocer y por tanto no estar obligado a solucionar las causas de fondo de los grandes problemas sociales.

Si desde esta perspectiva reflexionamos sobre las posiciones que ahora existen sobre los grupos de autodefensa, y las cuales están entre quienes los ven como un legítimo movimiento y quienes los acusan de estar vinculados al narco, es claro que esto se torna algo importante pero secundario; lo realmente importante es ubicar las causas de fondo que han generado tres fenómenos: 1.- El surgimiento de los grupos de autodefensas; 2.- La evolución de los cárteles de la droga al amparo del propio gobierno; 3.- la descomposición social que corroe a México, la cual está vertebrada por la degradación de las condiciones de vida y la violación de los derechos humanos. Desde este plano se complejiza la reflexión en aras de una mejor comprensión de estos fenómenos, pero si sobre algo podemos tener certeza, es que no pasará mucho antes de ubicar la enorme responsabilidad que los gobiernos federales –tanto priístas como panistas- han tenido durante las últimas décadas para generar y potenciar esta delicada problemática. ■

 

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