A 50 días de que iniciara el operativo político, mediático y de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto para “tranquilizar” a Michoacán todo parece indicar que se están reproduciendo los mismos errores de diagnóstico y de estrategia que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón frente a la disputa del crimen organizado en esa entidad.
La situación se ha vuelto a complicar en este estado donde se disputan los cárteles y los grupos de autodefensa un monopolio legítimo de la violencia que perdieron las autoridades estatales y federales desde 2006, por ponerle una fecha.
La desesperación por recuperar la opinión pública perdida en Michoacán ha iniciado en el Gobierno Federal. En su cuarta visita a la entidad desde el operativo encabezado por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, Peña Nieto negó que las medidas trataran de “politizar” la crisis michoacana. A su vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que la investigación y el arraigo en contra de Jesús Reyna, secretario de Gobierno de la administración de Fausto Vallejo, se trate de un nuevo “michoacanazo”.
En los discursos de Peña Nieto y Osorio Chong existe un empeño por modificar una percepción que se generaliza: más allá del presunto vínculo de Jesús Reyna con los Caballeros Templarios y, por ende, del gobierno priista de Fausto Vallejo, lo grave es que las autoridades emprendan una investigación que reproduce el fallido “michoacanazo” de Calderón.
En mayo y junio de 2009, en plena campaña electoral federal, el gobierno calderonista detuvo a 38 funcionarios públicos (tanto del Gobierno estatal como varios alcaldes) por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre los detenidos estaban 12 alcaldes. El Gobierno Federal se basó en una “narconómina” localizada por la SIEDO durante un cateo a una casa de seguridad del cártel de Sinaloa, encabezado por El Chapo Guzmán, en la Ciudad de México.
Menos de un año después, todos los detenidos salieron libres, pues los jueces desecharon las pruebas en su contra aportadas por el Ministerio Público. El “michoacanazo” dejó la percepción de que no se quería aplicar la justicia sino la venganza con cálculo partidista.
Peña Nieto ha negado que se trate de la reproducción de este episodio. El procurador general Jesús Murillo Karam ha afirmado en entrevistas con medios que existen “muchas evidencias” que confirman las reuniones secretas entre Jesús Reyna, quien fungió como gobernador interino ante la ausencia de Fausto Vallejo por enfermedad. Los presuntos aliados de Reyna han publicado desplegados en la prensa michoacana para defender al funcionario priísta.
Cualquier investigación a fondo indicaría que no es un solo individuo el problema de infiltración del crimen organizado en Michoacán.
Los tentáculos de los cárteles se han extendido hacia los propios grupos de autodefensa y Gobierno Federal aún no atina a explicar bien a bien cuál es su estrategia con estos núcleos civiles armados que le hicieron el trabajo a las autoridades de seguridad pública al “recuperar” los municipios dominados por los Caballeros Templarios.
Los “golpes espectaculares” como la eliminación de Nazario Moreno González, El Chayo, y de Enrique Kike Plancarte no han pacificado a Michoacán.
Quizá el problema central del enredo michoacano radica en que no sólo se trata de un asunto de armas y policías, de buenos y malos, sino del desmantelamiento del estado de derecho que tardará años en recomponerse.
Michoacán es hoy un polvorín cuyo contagio ya llegó al Valle de México. Y eso ya conforma otro escenario en el nuevo “michoacanazo”.
@JenaroVillamil
