Washington. Pese a que el gobierno de Barack Obama asegura que ha ordenado priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales graves, la mayor parte de la cifra récord de sin papeles expulsados de Estados Unidos bajo su mandato sólo había cometido infracciones menores, afirma hoy «The New York Times».
De acuerdo con el rotativo, que dice haber analizado datos oficiales internos del gobierno, dos tercios de los casi dos millones de casos de deportación -una cifra récord- registrados desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 «involucran a personas que habían cometido infracciones menores, incluidas infracciones de tráfico, o que no tenían antecedente penal alguno».
Sólo 20 por ciento de los deportados, unos 394 mil , eran personas que habían cometido delitos graves, entre otros por tráfico de drogas, agrega el diario.
De hecho, según el análisis del rotativo, los casos de deportaciones que más ha aumentado son los de indocumentados interceptados tras haber cometido una infracción de tráfico: ese tipo de casos se han más que cuadruplicado desde los 43 mil registrados durante los últimos cinco años del gobierno de George W. Bush a los 193 mil en el lustro que Obama lleva en la Casa Blanca.
A ello se une, agrega el «Times», un considerable aumento -188 mil, o tres veces más que durante la era Bush- de las condenas por ingresar o volver a entrar en el país de forma ilegal. Ello implica que son devueltos a sus países de origen con la carga adicional de dejar Estados Unidos con antecedentes penales que en caso de volver a ser interceptados entrando de nuevo de forma ilegal podría hacerles acabar en la cárcel, algo que antes no sucedía de forma tan habitual.
Este análisis podría poner bajo más presión aún al gobierno de Obama, a quien los grupos proinmigración tienen desde hace tiempo en la mira, frustrados por la falta de avances en el Congreso hacia una reforma migratoria y las paralelas cifras récord de deportaciones ordenadas por el equipo de un presidente que en dos ciclos electorales les prometió una solución para los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Según la prensa estadounidense, a Obama le ha sentado especialmente mal el apodo de «deportador en jefe» que le han dado algunos de los líderes en materia de reforma migratoria.
Los datos se conocen cuando apenas se abre el plazo de tres meses que Obama ha pedido a los grupos de presión que le den para realizar una revisión «humana» de las deportaciones, orden que dio a su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, a mediados de marzo.
Según han declarado a medios locales algunos de los activistas que han participado en las reuniones en la Casa Blanca que han mantenido con el propio Obama sobre el tema, éste les habría prometido que si no se logran avances en el Congreso -donde la mayoría republicana de la cámara baja impide votar una propuesta de ley migratoria como ya hizo el senado hace casi un año- podría ordenar algún tipo de «alivio administrativo».
De confirmarse esta promesa, supondría un cambio de rumbo en la Casa Blanca.
Obama hizo un muy aplaudido gesto en 2012 (poco antes de las elecciones) cuando ordenó mediante decreto una «acción diferida» para detener temporalmente las deportaciones de jóvenes indocumentados que se habrían beneficiado de una fracasada ley migratoria que les habría permitido iniciar su legalización, la denominada «DreamAct».
Pero desde entonces, y pese a las crecientes demandas y presiones de los activistas proinmigración, se ha negado a volver a hacer uso de sus poderes ejecutivos en esta materia, alegando una y otra vez que una solución duradera debe pasar por el Congreso.
Ya la víspera, la mesa editorial del «New York Times» criticó en un artículo de opinión la inacción del mandatario en materia migratoria y apoyó el reclamo de los activistas de que, entre otros, ordene que no se deporte a las personas que podrían beneficiarse de la reforma migratoria aprobada en el Senado en junio de 2013.
