México, DF. México viola, en la práctica, más del 75 por ciento de las cláusulas de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, porque no actúa o lo hace con acciones muy pequeñas, aseveró el especialista Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana.
El país resulta atractivo y de bajo costo para que operen mafias de otras naciones, como la rusa, china o india, porque existe «un gran vacío de Estado» porque no cuenta con una red sobre investigación patrimonial que identifique más allá del sector financiero los bienes y flujos patrimoniales de los sectores económicos, así como medidas efectivas de prevención social y contra la corrupción e impunidad, sostuvo desde Europa a través de una videoconferencia transmitida durante el Segundo Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por la consultoría TM Sourcing.
Ese vacío de Estado, alertó, “explica uno de los principales subsidios a la instalación de la delincuencia organizada y su expansión en México” e incluso mencionó que llega a ser frecuente que grupos delictivos del país o extranjeros “compren deuda pública de los gobiernos estatales”.
«México no tiene vacíos legislativos sino de implementación, la brecha es enorme. No requiere más leyes pero el problema del colapso de su implementación es la ausencia de un acuerdo político en serio», indicó el especialista, quien ha realizado investigaciones sobre el lavado desde 1990 en 110 países y en los cuales, aseguró, se ha podido detener la tasa de crecimiento de los 23 tipos delitos económicos (desde contrabando y fraudes hasta tráfico drogas, personas o migrantes), mediante el fortalecimiento de los controles y coordinación del sistema judicial en sus cuatro eslabones, es decir policías, fiscales, jueces y sistema penitenciario.
En cambio aseveró que en México dichos delitos económicos se han incrementado gradual en los últimos seis años “y no se pueden contener en la medida en que el sistema judicial no comience a mejorar, eso ha hecho que se esté utilizando la extradición de capos y capitos hacia Estados Unidos y otros países como válvula de escape.”
Señaló que pese a que México ha suscrito diversas convenciones internacionales contra la delincuencia organizada, corrupción y 16 convenciones de la ONU sobre derechos humanos, padece un vacío de controles judiciales, patrimoniales, sobre la corrupción así como de prevención social “que brindan un mercado a la delincuencia organizada trasnacional que le permite operar con un margen de maniobra de bajo costo”.
Buscaglia explicó cuáles son los requisitos de una política de prevención y combate “al lavado patrimonial” pues sostuvo que el lavado de dinero sólo es una parte y los recursos obtenidos de manera ilícita se canalizan al sector legal de la economía de México. Los delitos económicos que comete la delincuencia organizada no se pueden contener si la Secretaría de Hacienda no impone controles patrimoniales muy bien desarrollados, coordinados por la Procuraduría General de la República (PGR) “pero que hoy brillan por su ausencia”.
Lavado patrimonial
Hay tres fuentes que cometen delitos patrimoniales: la primera es la delincuencia organizada, la segunda es el traslado de dinero al exterior por maniobras de evasión fiscal o fraudulentas y “la tercera, por orden de magnitud, involucra a funcionarios públicos que a través de los actos de corrupción obtienen grandes cantidades de dinero recién canalizados hacia negocios con los que surgen normalmente prósperos empresarios cuando sus ingresos declarados no son capaces de tener este tipo de vida o actividad económica”.
«Los flujos internacionales de lavado patrimonial hacen que en México sean más frecuentes las colocaciones de estos recursos de origen delictivo y su diversificación hacia diferentes inversiones, ya sea al sector de la construcción, agropecuario o farmacéutico, principalmente.
Luego viene la integración de estos recursos en la economía en los países con mayor seguridad jurídica, es decir el delito económico de origen se lleva a cabo con mayor frecuencia en países con muy pobres niveles de gobernabilidad, como los de América Latina, Asia o África, pero luego se colocan en otras naciones con mayor seguridad, es una paradoja. Estados Unidos, por ejemplo, concentra entre un 18 y 19 por ciento del lavado de dinero mundial y 15 países concentran del 68 al 70 por ciento del total, después de que esos recursos pasaron por miles de transacciones”, señaló.
