Hace unos días el gobierno del priísta Javier Duarte presentó, por medio del procurador general de Justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las compañías ferroviarias Ferrosur y Kansas City Group, por su presunta responsabilidad al permitir abordar a sus vagones migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos.
La denuncia pretende que dichas empresas acepten su responsabilidad en este tipo de hechos e indemnicen a los migrantes que han resultado heridos por el tren o han sido atacados por el crimen organizado, pero el sesgo en las declaraciones de Bravo Contreras se orienta a eximir de responsabilidad al gobierno de Duarte en los casos de abuso contra los migrantes que transitan por este estado de la República Mexicana, en especial por el atentado que un grupo criminal perpetró el pasado 27 de marzo contra cinco migrantes hondureños, dos de los cuales perdieron la vida al ser arrojados del tren por no pagar la “cuota” que los criminales les impusieron.
Llama la atención la supuesta preocupación del gobierno de Duarte por la vulnerabilidad de los migrantes que atraviesan Veracruz a bordo de “La bestia”, sin embargo la artificialidad de su preocupación se pone de manifiesto por un hecho irrefutable: Veracruz está muy lejos de resolver los problemas asociados al crimen organizado, particularmente a los cárteles de la droga.
En este sentido cabe destacar que aunque desde el año pasado el gobierno veracruzano promocionó acuerdos con el Ejército Mexicano, la Marina, los cónsules de El Salvador, Honduras y Guatemala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los alcaldes de Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Acayucan para generar acciones conjuntas y aminorar las amenazas contra los migrantes, lo cierto es que los grupos criminales mantienen un negocio que supera el robo común y se ha diversificado al derecho de paso, el derecho a viajar en los vagones de los trenes y la extorsión a las familias de los migrantes.
La fragilidad de estos acuerdos entre autoridades cobra sentido si se considera que desde 2008 la periodista Regina Martínez reveló que al menos 80 alcaldes veracruzanos han sido víctimas de extorsión y amenazas por parte de los cárteles, principalmente Los Zetas y el Cártel del Golfo, lo que lleva a pensar que si los presidentes municipales locales no tienen garantizada su seguridad, poco pueden esperar los migrantes centroamericanos o del sur de México. Tristemente, el asesinato de Regina Martínez abona a este supuesto, y la falta de justicia por parte del gobierno de Duarte en ese caso es un claro síntoma del nivel de vulnerabilidad de la sociedad por un lado, y de la podredumbre existente en la burocracia estatal por el otro.
El nexo entre criminales y autoridades de Veracruz no es una novedad, pues desde el pasado gobierno del priísta Fidel Herrera Beltrán aumentó en ese estado la presencia de operadores y cabecillas de al menos tres poderosos grupos criminales: Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo, con lo que se incrementaron los casos de mandos policiacos y militares de diversos niveles que ya fuera por amenazas o soborno accedieron a brindar protección a los narcotraficantes. El proceso contra el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien fue arraigado por sus presuntos vínculos con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y fungiera como mando policiaco en Veracruz durante año y medio en el gobierno de Javier Duarte, es botón de muestra de ello, así como el de los generales Ricardo Escorcia, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, investigados por vincularse al mismo cártel.
Las autoridades se han vuelto una pieza clave para que los criminales sigan operando, en tanto la sociedad civil veracruzana padece los efectos negativos de la disputa por la plaza entre los cárteles. Sin embargo el eslabón más débil de esta realidad son los migrantes en tránsito, los cuales no sólo están a merced de la delincuencia organizada, sino de las propias autoridades. De acuerdo con los testimonios de fray Tomás González Castillo y el padre Alejandro Solalinde, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se ubican entre los mayores responsables de violar los derechos humanos de los migrantes, y la lista de acusaciones va desde los golpes y los malos tratos en los albergues a los que conducen a los migrantes, hasta la entrega de estos a los grupos criminales a cambio de dinero.
Estos abusos han sido ampliamente documentados y abarcan en una primera etapa desde la frontera con Guatemala hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y en una segunda y tercera fase el centro del país y la frontera con Estados Unidos. Tan sólo en 2013 el sitio InSight crime reportó ataques que afectaron a grupos de hasta 300 migrantes, los cuales fueron extorsionados por el crimen organizado con sumas de entre 100 y 300 dólares para poder continuar su viaje a bordo del tren hacia Estados Unidos. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió que en 2010, más de 11 mil migrantes fueron secuestrados.
En este contexto no es de extrañar que el gobierno de Duarte considere apropiado lavarse las manos, pues los asaltos, las violaciones a mujeres, las extorsiones y la incorporación forzada a las filas del crimen organizado son el común denominador que deben enfrentar los migrantes provenientes del sur, los cuales han bautizado al paso por México como “El infierno”. ■
