■ El programa debió aplicarse cuando los interesados solicitaban su jubilación, expone
■ “No conocí el esquema; no fue una oferta generalizada para los docentes”, asevera
Juan Francisco Valerio Quintero, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), afirmó que la principal anomalía en el programa de sustitución y venta de prestaciones es que fue una medida aplicada para favorecer a los amigos o fortalecer grupos políticos”.
Desde su punto de vista, dijo que ese programa “debió haber sido aplicado de conformidad como los interesados iban solicitando la jubilación, para que hubiese un impacto inmediato en los pasivos laborales de la Universidad. Si el objetivo era producir ese ahorro en las finanzas de la UAZ, la mejor alternativa era aplicarlo a los que hicieran efectiva su jubilación en ese momento”.
Señaló que otro problema es que el programa no se difundió adecuadamente, porque a pesar de que se dice que en su momento esa iniciativa se divulgó entre los profesores universitarios, en su caso no lo conoció y por lo tanto no fue una oferta generalizada para los docentes.
Es por ello que hay un desfase entre el momento en que se pagó la prestación a los docentes que renunciaron a la jubilación dinámica y el momento en que esa renuncia efectivamente refleje un ahorro para las finanzas de la Universidad, aunque no significa que la disminución de esos pasivos no existan posteriormente, cuando esos beneficiarios se jubilen, explicó Valerio Quintero.
Manifestó que la mejor manera de promover ese programa en su momento era el dirigir un oficio personalizado a cada profesor, haciéndole saber que había un recurso destinado para sustituir sus prestaciones y que, si era su deseo jubilarse y acogerse a esa prestación, ejerciera su derecho.
“Esto no lo hubo y entonces crea, con razón o sin ella, la impresión contraria que evidentemente no abona en la buena imagen del manejo que tuvo el otorgamiento de esta prestación”, expresó.
A esa situación se le agrega que, en el momento en que los beneficiarios recibieron la prestación, se hicieron acreedores a un impuesto que en principio pareció no haber estado considerado. Es decir, “una cuestión oscura es ¿Quién absorbió el impuesto correspondiente? ¿Lo absorbió el interesado o la Universidad? No hay información al respecto”.
Valerio Quintero manifestó la necesidad de desahogar ese tipo de dudas en función de la importancia que tiene la recuperación de la credibilidad, en torno al desempeño institucional de la UAZ, la cual se ha perdido por el manejo inadecuado de la información referente a la actual situación financiera y académica.
Mencionó que muchas personas señalan la existencia de un barril sin fondo en el gasto universitario y desorden en las finanzas, pero recordó que la Federación y Gobierno del Estado fiscalizan el gasto de la UAZ, evidenciando que el problema central es la desproporción entre el gasto y el subsidio que recibe.
