La construcción política del nuevo árbitro electoral

La construcción política del nuevo árbitro electoral
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El proceso político que engloba la constitución del nuevo máximo órgano rector de la función electoral, el Instituto Nacional Electoral, muestra lo limitada que ha sido la más reciente reforma política, nacida del Pacto por México.

El ejemplo lo pone la aún consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien, según información nacional, en cualquier momento renunciaría a dicho encargo para dedicarse de lleno a las gestiones que le llevarían a ocupar un asiento como consejera electoral, pero ahora del nuevo instituto nacional.

El motivo de su renuncia es una investigación en curso, donde se señala la utilización de recursos públicos (materiales, financieros y humanos) para la promoción de su candidatura hacia la consejería nacional. Con ello se habría ganado ya, la desavenencia de algunos miembros de la Asociación de presidentes y presidentas de los institutos y consejos electorales de las entidades federativas (Appiceef), a quienes habría prometido no utilizar como interés personal, los actos realizados para el desprestigio de la reforma política en curso.

Pero la decisión de participar por un asiento en el Consejo General del INE, por parte de aquella consejera presidenta, no era una opción descartable en su fresca carrera al interior del organismo electoral de la capital del país. Impulsada por la corriente bejaranista del PRD en la Ciudad de México, llegó a la presidencia del IEDF el año pasado, con motivo de la renovación del consejo general, una vez concluido el proceso electoral de 2012.

A partir de ahí, se suma oportunamente a la Appiceef para denostar los acuerdos políticos al interior del Pacto por México, así como a sus integrantes, por impulsar una reforma política “absurda”. La retórica de la Appiceef necesariamente transitaba por la defensa de la autonomía de los organismos locales, tomando como base datos sobre la cantidad de resoluciones en donde los tribunales regionales, así como el nacional, ratificaban el criterio y labor de los consejos generales locales.

La operación matemática, a la sazón pasaba por alto la comunicación permanente entre los institutos y tribunales, y el lobbying político que realizan tanto funcionarios públicos, como militantes de partidos políticos, previo a las resoluciones que emitirán los magistrados en un sentido u otro. Negar esto, es pretender privar de su naturaleza política a las instituciones rectoras de la vida electoral.

Fue así que el frente opositor de la reforma política, conformado por las presidencias de los organismos electorales locales, desvirtuaron la coyuntura de donde nació la propuesta de reforma política (la cual en este espacio fue señalada en su momento): la intervención de los organismos electorales para evitar la coalición entre PAN y PRD, en las elecciones de 2013. Los estados más representativos de dicho fenómeno fueron Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas.

Como consecuencia, una vez concluidos los procesos electorales locales de 2013, los presidentes del PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, idearon una reforma política que tenía como interés particular limitar el poder político de los gobernadores de los estados sobre los organismos locales. Ante ello, nuevamente la matemática poco convincente de la Appiceef intentó dirimir la argumentación previendo que para evitar la influencia de los gobiernos estatales sobre los procesos electorales, estaban contemplados los relevos escalonados de consejeros. Argumento alejado del fenómeno político vivido a nivel nacional.

Frente a esta correlación de fuerzas, hoy el Instituto Nacional Electoral no ha sido lo suficientemente institucional para comenzar su vida de manera legítima. El conflicto en que se encuentra la presidenta Diana Talavera, da señales de desgaste al Comité Técnico Evaluador, quien tiene como encargo la designación del nuevo Consejo General a nivel nacional.

No recae en este comité la falta, sino en la convocatoria que los diputados ingeniaron para la constitución de dicho consejo. De haber obligado a los participantes a separarse de la función pública que desempeñan (en especial quienes aun son consejeros electorales) se habría evitado la sana duda que llevó a investigar a la consejera presidenta del IEDF, dejando en la misma sospecha a sus pares en otros institutos locales.

Otro fuerte elemento que evidencia la naturaleza política con que se construye al INE se encuentra en la designación de los ex consejeros del IFE dentro de la quinteta para asumir la presidencia del organismo nacional. Hasta ahora, este podría ser el indicador central del tendido de acuerdos entre partidos políticos, que da al traste con la institucionalidad de la convocatoria ya comentada.

En este ámbito, la ventaja de tener relación cercana con el diputado federal, Manlio Fabio Beltrones, da al ex consejero del IFE, Marco Baños, preferencia para ser designado como nuevo presidente del INE. El PRD no las lleva de ganar, una vez que decidieron romper el Pacto por México. Los perfiles propuestos por el PAN exigirán sus dividendos. ■

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