Presentan iniciativa para que legisladores tengan mayor injerencia en vida interna de municipios

Presentan iniciativa para que legisladores tengan mayor injerencia en vida interna de municipios

■ Cesarían miembros de cabildo por faltas injustificadas: Velázquez

Diputados locales presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio a fin de que la Legislatura tenga mayor injerencia en la vida interna de los municipios ya que incluso por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender a los miembros de los ayuntamientos, por las causas graves como la inasistencia consecutiva de los regidores a tres sesiones de cabildo, sin causa justificada y comprobada en un periodo de 30 días.

En sesión ordinaria del Congreso, se leyó la propuesta hecha por la priísta Erica del Carmen Velázquez, quien plantea atribuciones y obligaciones más precisas para los municipios y adiciona la posibilidad de que el contralor municipal pueda ser separado de su responsabilidad, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, con el otorgamiento previo de las garantías constitucionales de audiencia y defensa, esto, si en el desempeño de sus facultades actúa de manera partidista y en beneficio de la fracción de regidores que lo propuso, o del partido político al que pertenece.

No se permitiría a los alcaldes suplentes electos abandonar su cargo a menos que no se trate de causas graves que se lo impida. Los cabildos deberán sesionar por lo menos dos veces al mes y se correrá a los regidores si faltan a tres sesiones seguidas sin justificación, además deberán asistir puntualmente a las sesiones. Se les concederán hasta 30 minutos de tolerancia para declarar la inasistencia.

La legisladora planteó en su propuesta que los ayuntamientos revoquen sus acuerdos de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe fehacientemente que fueron dictados en contravención de la leyes.

Sin contar que la Legislatura del estado estará facultada para declarar nulos de pleno derecho los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior, concediendo previamente al ayuntamiento el derecho de audiencia y siempre y cuando no se hayan producido efectos de imposible reparación material. De haberse producido tales efectos, la Legislatura fincará a los miembros de ayuntamiento, las responsabilidades que correspondan.

Se destaca que la sindicatura, tesorería y contraloría municipales, deberán vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos y tendrán facultades para verificar que toda erogación esté debidamente justificada, pudiendo rechazar si se considera lesiva para los intereses del erario. Esto por mencionar algunos puntos.

Durante la misma sesión se exhortó al Ejecutivo local para que a través de los Servicios de Salud se informe al Congreso acerca de los programas que han implementado para prevenir el alcoholismo, esto porque la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas prohíbe estrictamente la venta de alcohol a menores de edad y establece una multa de 150 a 200 cuotas de salario mínimo vigente, sin embargo, la realidad muestra que en la entidad cada vez es más recurrente la venta impune de bebidas alcohólicas a menores

También se exhortó al Ejecutivo federal, estatal y el ayuntamiento para que realicen acciones tendientes a beneficiar a las personas que sirvieron en los cuerpos de seguridad pública y que fueron dadas de baja por reprobar los exámenes de control de confianza.

Se detalló en el documento que si bien los policías no aprobaron dichas evaluaciones, recibieron capacitación y adiestramiento en materia de seguridad pública, por lo que el Estado debe ser cuidadoso en el sentido de que no utilicen dichos conocimientos y aptitudes para realizar conductas ilícitas en contra de la sociedad.

Además, se argumenta hay una necesidad urgente de que a dichas personas se les ofrezca la capacitación y los medios adecuados para que puedan emplearse o autoemplearse, mediante la implementación de los programas apropiados que les permitan la creación de micro o pequeñas empresas.

También se leyó una propuesta de Ley Estatal de la Juventud que ayude a los 380 mil jóvenes zacatecanos de entre 12 y 29 años, quienes buscan oportunidades para la recreación, esparcimiento, respeto a sus preferencias políticas, culturales, sexuales y ser tratados con equidad e igualdad de género.

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