De nueva cuenta la administración que encabeza Enrique Peña Nieto, formula sin aspavientos nuevos mecanismos que mueven a México y lo conducen al marco para inscribir una nueva historia.
Con la promulgación por parte del Jefe del Ejecutivo respecto del Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el país ha dado un paso transcendental en materia jurídica, dista ya los cambios más relevantes en las últimas décadas.
De los 33 códigos que existen en el país, cada uno con diversas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora se convertirán en un código único, que será legítimo en todo el país.
Bajo esta lógica, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, con el único objeto de fortalecer así la solidez de nuestro Estado de Derecho.
Reconozco pues, la ardua labor de mis compañeros legisladores que con una actitud transformadora, asumieron un nuevo reto y compromiso, participando en una discusión abierta al diálogo y a la tolerancia, al enriquecimiento que dio como resultado su aprobación.
Es plausible reconocer que será éste, el primer Código de Procedimientos Penales que surge del consenso y el acuerdo de las fuerzas políticas nacionales, representadas en el Congreso de la Unión. Apenas el año pasado se le otorgó la facultad constitucional para legislar en esta materia.
Este Código surge además, del esmero legislativo de un año de arduo trabajo que bajo el apoyo de los expertos en esta materia, requirió la creación incluso de un simulador para probar su funcionalidad.
Hoy en día estamos parados frente a un ordenamiento jurídico que se ocupa por la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso, pues son las líneas primordiales que lo instauran.
Sin lugar a dudas, este instrumento pondrá a la vanguardia a nuestro sistema de justicia penal en beneficio de cada uno de los que conformamos este vasto país. Hoy por hoy el Estado mexicano brinda una respuesta acorde a los retos que vivimos en materia de seguridad y justicia.
Subrayemos y celebremos con firmeza el nuevo paso que ha dado México, una transición que además de necesaria, era indispensable para fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel estatal y federal.
Es más que claro saber que si contamos con procesos de investigación más ágiles y eficaces, también se incentiva la denuncia ciudadana, que es indispensable para cerrarle el paso a la impunidad.
Hoy podemos hablar que la sociedad contará con profesionales del derecho, capaces de brindar su labor a partir de reglas claras y uniformes.
Sigamos en pie de lucha en una ruta clara para transformar a México, hagamos una democracia de resultados.
Este nuevo marco legal es la oportunidad más grande para recuperar la confianza de los mexicanos, pues no se trata de incubar mecanismos, sino de ponerlos en práctica con la más alta responsabilidad en favor de la patria.
* Senador de la República
