Dada la actualidad del tema, será oportuno recordar a la familia Hank que alguna vez ocupó las primeras planas de la prensa nacional. El empresario Jorge Hank Rhon, dueño de casinos y centros de apuestas, de un equipo profesional de futbol, un estadio, hipódromo, etc., hace años fue vinculado (por La Reserva Federal de Estados Unido) al Cártel de Tijuana. Habiendo sido alcalde de esa ciudad y candidato al gobierno del estado en Baja California, Jorge Hank fue detenido en su domicilio donde se le encontraron armas de uso exclusivo del Ejército. Aquel controvertido empresario dueño de un zoológico, que gustaba vestir pieles exóticas y de repetir la frase predilecta de considerar a la mujer “su animal favorito”, fue puesto en libertad por “falta de elementos” días después de su arresto en 2011. Edgardo Buscaglia abordó este hecho con oportunidad y con todo el rigor que le es característico: “Su detención fue un pacto mafioso entre los grupos que trabajan dentro del Estado para proteger a la delincuencia organizada. En México, al igual que en países como Rusia, el crimen organizado se institucionaliza y se observa que grupos que trabajan dentro del Estado, realizan pactos mafiosos entre ellos para proteger a diferentes organizaciones criminales o para deshacerse de actores políticos que le son inconvenientes…”. “No es solamente un cártel externo al poder público el que hay que combatir, hay que combatir a la mafia dentro del mismo Estado…”
Un año después de la acusación que La Reserva Federal hiciera contra Hank Rhon, Joaquín Guzmán Loera El Chapo se fugaba de la prisión en Puente Grande, Jalisco, poniendo nuevamente al descubierto esa amplia red de complicidades entre funcionarios públicos y las mafias mexicanas.
Su recaptura en un hotel de Mazatlán, ha generado nuevas y obligadas interrogantes. ¿El Chapo hablará? ¿Confirmará la versión del exjefe de la DEA-Phil Jordan-quien aseguró que El Chapo aportó millones de dólares a la campaña de Peña Nieto y de que pagó igualmente millones para que le dejaran libre en 2001?
¿Se dará a conocer la nómina de El Chapo y sus relaciones con autoridades y políticos durante los sexenios Fox-Calderón que combatieron a otros grupos pero no al Cártel de Sinaloa?
¿Irá el PRI contra gobernadores que llenaron las urnas con dinero del narco? ¿Se investigarán las aduanas norteamericanas que han protegido la entrada de la droga en aquel país?
Son muchas las líneas de investigación que obligan a las autoridades mexicanas y del mundoa derivar procesos contra quienes han estado lavando dinero procedente del narcotráfico. Políticos, bancos, mineras, industrias de la construcción, del sector agropecuario, farmacéutico, del juego y las apuestas, franquicias y otras empresas distribuidas en 54 países con las que el Cártel de Sinaloa tiene vínculos, han hecho de este negocio una empresa transnacional. Cemex, Bimbo y Maseca -con inversiones en 33, 19 y 17 países respectivamente- han quedado frente al narcotráfico, muy por debajo de su radio de influencia.
Oceanografía –otra corporación que encubiertamente ganó 46 mil millones de pesos durante los gobiernos panistas de Fox-Calderón– y la narco-empresa “templaria” en Michoacán–que exportó millones de toneladas de mineral de hierro a China– son las pruebas concretas más recientes de lavado de dinero y de la actividad de empresas del narcotráfico en México. A pesar de que son hoy investigadas, será difícilpensar que las autoridades irán más a fondo o que indagarán igualmente a otras compañías; el dato escalofriante de un experto como Buscaglia nos hace llegar a esa conclusión: “77% del PIB mexicano está infiltrado por la delincuencia organizada”: Aerolíneas, hoteles, casas de cambio, remesas, son, además de los ya señalados, los otros giros de la industria y su sola investigación podría prácticamente paralizar la economía del país.
En el país más extenso del mundo, el ministro de Asuntos Internos de Rusia pudo admitir que la economía de su federación fue prácticamente controlada por la mafia a finales de los 90: “Para 1997, la delincuencia organizada controlaba alrededor de 40% de las empresas privadas, 60% de las estatales y entre 50 y 85% de los bancos”…“No hay razón –agregará Buscaglia– para pensar que la infiltración en los sectores privados y públicos en México sean menores a los experimentados por Rusia” (Vacíos de Poder en México).
México y Rusia parecieran estar sufriendo entonces los efectos paralelos de su revolución traicionada. En América Latina, la historia reciente permite igualmente observar lo que sucede cuando el narcotráfico es entrelazado con asuntos de seguridad nacional: El caso colombiano dejó ver que en ocasiones el narcotráfico no es un fin en sí mismo, sino que es tan solo una táctica –muy eficiente por cierto– para “autofinanciar operaciones encubiertas de Estado”, las que “en nombre de la patria” son llamadas “operaciones de contrainsurgencia”, medidas que, desde nuestra perspectiva y en medio de la crisis nacional que se vive, tienen que ver con los 60 millones de seres humanos sepultados hoy en la fosa común de la pobreza y de la que el gobierno mexicano tiene miedo que se resurjan. ■
