En aspecto muy celebrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto es el ensanchamiento en México de la inversión extranjera, la cual de acuerdo a la subsecretaria de Normatividad y Competitividad de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez, será mucho más visible durante 2015 y 2016. El argumento de Ruiz Chávez se sostiene en el presunto beneficio que tendrá para el país la implementación de las reformas estructurales.
Tanto alfiles como peones del gobierno peñanietista han cerrado filas en torno a la política de fomentar la inversión extranjera, y hay un esmero notable en brindar las condiciones para que los empresarios foráneos se vean tentados a multiplicar su riqueza en nuestro país.
En honor a la verdad la demagogia que justifica la inversión extranjera ha estado presente en México desde hace décadas, y se ha agudizado a la par del modelo neoliberal, sin embargo en el marco de las reformas estructurales que Peña Nieto ha implementado, representa una nueva vuelta de tuerca para el despojo de bienes y la precarización del trabajo.
Muestra de ello es la reciente apertura de la armadora de la automotriz japonesa Mazda, la cual operará en Salamanca, Guanajuato. Tres aspectos llaman la atención sobre este hecho. El primero es la presencia de Peña Nieto en la inauguración de la planta, lo que implica el espaldarazo oficial de más alto rango, y el cual también se le dio a la empresa Honda en este mismo estado de la República Mexicana. El segundo es el escaso cuestionamiento de los medios de comunicación de Guanajuato a la llegada de Mazda, y por el contrario destaca la promoción de la inversión de 770 millones de dólares y la generación de 4 mil 600 empleos directos.
El tercero es la inconformidad de la FROC-CTM de Salamanca y Valle de Santiago, la cual envió un comunicado a la Presidencia de la República en protesta por los bajos salarios y las condiciones laborales que Mazda ofrece.
De acuerdo a lo señalado por dicho organismo, Mazda utilizará a terceros para contratar a sus empleados bajo la modalidad del outsourciong, lo que implica colocar a los guanajuatenses en un esquema de subcontratación y franca vulnerabilidad en tanto no generan antigüedad o derechos laborales sólidos. De igual manera destacan los raquíticos salarios, los cuales rondan los 4 o 5 mil pesos mensuales, y están dirigidos a jóvenes profesionistas sin experiencia sindical o gastos familiares amplios, pero que en el mediano y largo plazo resultarán desechables para la empresa a bajo costo debido al esquema de contratación ya descrito.
La irresponsabilidad, tanto de Gobierno Federal como del guanajuatense, sobrepasa los magros beneficios que las maquiladoras dejan para el país y toca fibras sensibles del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece en su apartado cuarto el compromiso de fomentar el empleo de calidad, y pese a que en su apartado sexto da pie a la movilidad de capitales, el libre comercio y la integración productiva, las condiciones laborales son evidentemente adversas para quienes ingresan a trabajar en estas empresas, al tiempo que el libre comercio que se fomenta se da en una relación asimétrica con respecto del exterior, pues el grueso del excedente que se genera va para estas empresas, y los daños ecológicos, en caso de existir, quedan en las zonas donde se instalan las ensambladoras.
Tristemente este hecho no es el más delicado en el tema de las maquiladoras en México. En realidad el modelo maquilador ha estado presente en el país –especialmente en el norte- desde la década de los sesenta, y por más que ha nutrido la demagogia de los discursos oficiales, lo cierto es que no ha resultado motor de desarrollo.
Por el contrario existen pruebas empíricas que reflejan la precarización del trabajo. Ejemplo de ello es Ciudad Juárez, donde la degradación sistemática de las condiciones de vida de quienes dependen de estas empresas es el común denominador. Empleadas con bajos salarios, obligadas a utilizar pastillas anticonceptivas por la parte patronal bajo la amenaza de ser despedidas si quedan embarazadas, la intensificación del trabajo y los recortes de personal son algunos de los aspectos que vigorizan la descomposición social que ahí se vive.
El periodista Sergio González Rodríguez incluso asoció en su obra Huesos en el desierto la vulnerabilidad que se desprende de las infames condiciones laborales con algunos de los asesinatos de mujeres en Juárez, a raíz de los turnos de 24 horas que existen en las ensambladoras, lo que conlleva un regreso a altas horas de la noche a las periferias de una de las ciudades más peligrosas del mundo; el acoso y violaciones de empleadas por parte de los choferes de los autobuses de las maquiladoras, y en no menor medida la corrupción de las autoridades que privilegian la operatividad y reputación de las maquiladoras sobre los derechos laborales e incluso la vida de mujeres.
Es claro que las circunstancias de cada estado de la República son distintas entre sí, pero si Gobierno Federal sigue guiado por el esquema de la inseguridad laboral y los empleos mal pagados como garantes de la generación de capital para las maquiladoras, las buenas intenciones de su Plan Nacional de Desarrollo terminarán siendo letra muerta, en tanto la falta de trabajo digno y la dependencia con empresas foráneas seguirán afectando a estados como Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Sonora, entre muchos otros que dependen de sus corredores industriales. ■
