México, DF. El ministro Arturo Zaldívar cuestionó a la mayoría de sus compañeros de pleno que considera que los efectos del arraigo cesan cuando el acusado cambia de situación jurídica o que la invalidez de las pruebas sean analizadas en el transcurso del proceso penal y no como consecuencia directa de la retención ilegal de la libertad, como lo estableció la semana pasada el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al establecer que las entidades del país no tienen facultades para legislar en materia de arraigo.
Al continuar con la discusión de un amparo –solicitado por un sujeto que fue arraigado, acusado de contactar a dos jovencitas a través de las redes sociales y que se aprovechó para abusar de ellas sexualmente y extorsionarlas-, Zaldívar le recordó a sus compañeros que luego de declarar la inconstitucionalidad del arraigo, cuando se trate de delitos que no están relacionados con la delincuencia organizada por ser del ámbito federal, el pleno estableció que “el arraigo no cesa sus efectos en el momento en que se pone en libertad a una persona”.
“Siendo consistentes con lo que acabamos de resolver, la consecuencia es: que en todos y cada uno de los procesos y de los amparos en ésta situación, se tiene que analizar que pruebas” deben ser invalidadas, porque “de nada sirven los derechos humanos sino tenemos garantías eficaces para reparar las violaciones” de éstos, y el pleno ya fue muy claro que el arraigo –contenido en códigos del fuero común- es inconstitucional.
De nada sirve que declaremos algo inconstitucional si en la vida real de las personas esto no va a tener ninguna consecuencia o si la posibilidad de que tenga trascendencia en la protección de la esfera jurídica de las personas la hacemos “extraordinariamente complicada, elaborada y técnica. La técnica del amparo, debe servir para defender los derechos y n para que nos abstengamos de hacerlo”.
En tono sarcástico criticó la postura mayoritaria que se ha expresado en contra del proyecto de José Ramón Cossío, que propone que la Corte determine si hubo pruebas que fueron ilegalmente obtenidas por el ministerio público mientras el acusado estaba arraigado, el ministro comentó: “Entonces, qué bueno que se violó la constitución, vamos a darle un diploma al quejoso, pero no puede impugnar en ningún momento la vulneración a sus derechos humanos. Ésta es la primera línea argumentativa, aunque me haga caro de desagrado el señor ministro (Alberto Gelacio) Pérez Dayán”.
Me parece, le dijo a sus pares, que “estamos dejando el derecho al derecho sin garantía, que estamos haciendo inoperante el juicio de amparo y que estamos privilegiando tecnicismos… y yo no puedo participar de estas ideas, recordemos que además estamos en un asunto de materia penal, donde está en juego la libertad.
En la sesión del pasado jueves, Margarita Luna Ramos, quien se pronunció abiertamente por desechar el amparo (junto con Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Sergio Valls Hernández y Fernando Franco) relató que el asunto deriva de que dos jóvenes menores de edad tenían inquietud de ser artistas y que una persona sin escrúpulos las contactó a través de Facebook y las convenció para tomarles fotografías “en situaciones totalmente inconvenientes” y cuando una de ellas se retracta, el tipo la intenta extorsionar diciéndole que si no hace lo que él quiere va a publicar dichos fotos. La joven denunció el asunto y el tipo fue arraigado y cuestionó que, si por el hecho de estar arraigado el acusado, se le iba a negar el valor probatorio a las pruebas obtenidas durante su retención, prevista por la legislación de Aguascalientes –al cual fue declarada inconstitucional por la Corte a semana pasada-.
Y agregó: “está bien, pero, ¿las pruebas recabadas por el hecho de estar arraigado el acusado, no sirven?, lo único que se puede determinar como consecuencia del arraigo es la privación de la libertad, y si ésta ya cesó, no hay manera de resarcirla”, por eso se debe desechar la demanda de amparo.
La discusión continúa mañana martes
