La crisis actual de la UAZ tiene tres niveles de abstracción: el problema contable inmediato que posibilite generar algunos ahorros para las necesidades que están ya en curso; las correcciones que tenemos que hacer a la estructura y forma de conducción institucional; y la propuesta para resolver el problema estructural de falta crónica de financiamiento de la seguridad social de los profesores universitarios.
Uno: el ahorro contable inmediato. De los 1200 millones de pesos autorizados a la UAZ (sin sumar los 150 adicionales recientes), se gasta en la nómina de los 3 mil docentes 966 millones, lo cual es 80% del presupuesto total. De este monto no debe tocarse un peso porque es el personal que sostiene el sentido de ser de la Universidad. Recortar en docencia, investigación o extensión es un suicidio para el desarrollo del estado de Zacatecas, porque significaría tanto eliminar oportunidades para los jóvenes, que de por sí son pocas; como disminuir las capacidades del estado en la generación de capital humano con consecuencias negativas en el desarrollo de Zacatecas. Ahora mismo, la cobertura general de la educación superior en el estado es cercana a 30%, lo cual significa que 7 de cada 10 jóvenes en esas edades está fuera de la educación universitaria. Y las metas de las políticas nacionales en el tema es llegar a coberturas cercanas a 60%, es decir, prácticamente lo doble de lo actual. En suma, el referente de lo que debemos hacer no son los raquíticos presupuestos actuales, sino las necesidades educativas del estado de Zacatecas. Muy por el contrario a recortar, debemos pensar cómo ampliar, diversificar y vincular la oferta educativa a las necesidades del desarrollo de la entidad.
Así las cosas, si no tocamos la nómina docente, sólo quedan las bolsas destinadas a las actividades adjetivas, sobre todo las de carácter administrativo. Deberemos tener muy claro de cuánto es el margen con el que podríamos disponer para hacer ahorros. En el pago de 460 pensiones se gastan 125 millones anuales, pero de ahí tampoco se podría tomar recurso. Pero en el gasto de 170 funcionarios, la UAZ destina poco más de 105 millones de pesos, que representa 8.7% del presupuesto, de ahí sí se pueden generar ahorros. Aun cuando porcentualmente no sea grande el ahorro, en términos absolutos sí serán recursos que pueden servir a cubrir la demanda de recursos inmediatos. Si logramos recortar 30% del gasto en la burocracia, saldrían 30 millones para cubrir el costo de la convocatoria de cambio de categoría. Pero se tendría que ahorrar no en el número de personal ocupado, porque de pensarlo así, sólo podemos correr las cuentas: gran parte del personal ocupado en la administración son docentes, que al dejar la tarea administrativa, regresan a sus actividades docenes y ahí siguen generando gasto. Por tanto, el ahorro debe de ser en los montos de las percepciones. Hagamos el ejercicio:
Si disminuimos de golpe 30% de la percepción tabular anual de los 170 funcionarios, pasamos de gastar 105 millones a 74 millones de pesos. Y las percepciones quedan (en algunos ejemplos) de la siguiente manera: el rector de 2 millones, pasa a costar 1.4 millones anuales; o los coordinadores de área, que tienen un costo actual de los 7 coordinadores de 7.8 millones de pesos, pasarían a percibir un promedio tabular de 5.4 millones al año. Así, el ahorro final de sería de casi 30 millones de pesos anuales. En el rubro de primas de antigüedad de funcionarios tenemos la posibilidad de otro ahorro importante: el cálculo de sus primas es especial, lo hacen sobre la base de su percepción como funcionarios, le aplican los algoritmos de los derechos sindicales, por eso salen primas exorbitantes de montos tabulares de 637 mil pesos (para el caso del rector). Por ello, si tomamos el tope promedio máximo de las primas docentes, que asciende a 150 mil pesos, y le aplicamos este tope a las primas de funcionarios, resulta que logramos un ahorro de poco más de 9 millones de pesos en las excesivas primas de la burocracia mayor. Otro renglón de ahorro son los bonos especiales a burócratas. El cálculo de este renglón es muy difícil, porque es de un nivel de discrecionalidad absoluta. Por ello, se pueden tener sólo promedios. El promedio por semestre es de 3 millones de erogaciones por concepto de bonos a la productividad y así. Por tanto, al año, se puede tener un ahorro de un mínimo de 6 millones de pesos.
En resumen, 30+9+6 nos da un ahorro total anual de 45 millones de pesos en gastos de burocracia, que ahora mismo es lo que representa el peso financiero del abuso. (Y querían correr a 38 técnicos académicos que pesan 1.8 millones al año: ¡qué desfachatez!).
Como podemos observar, en términos relativos el ahorro no es muy significativo, pero en términos absolutos, un ahorro total de 45 millones que permite financiar la convocatoria de cambio de categoría sin tocar a ningún docente. Porque la base de la propuesta es que los docentes son la parte sustancial de la UAZ, y por tanto, no se lesionar a nadie de estos.
Dos: pactos de reforma institucional. Los pactos en torno a la manera en que está funcionando el mecanismo institucional, están deshechos. Debemos, por tanto, reconstruir las estructuras y reglas con las cuales funcionamos. Debemos introducir varios principios que funcionen como criterios de reestructuración institucional. Bajo una consideración: hacer todas las propuestas de mejoría que no toquen a la ley orgánica, para no exponer a la misma a la intervención del poder público estatal.
Los principios son los siguientes cuatro: (1) transparencia , planeación y rendición de cuentas, (2) decisiones rectoras a cargo de los órganos colegiados (distribución colegiado del poder de conducción), (3) administración pequeña, eficiente, barata, y estrictamente adjetiva (sin poder de decisión rector), y (4) universidad autónoma y abierta a la sociedad.
Tres: el problema estructural. Este problema se define por una pregunta: ¿qué propuesta se debe plantear a Gobierno Federal para resolver la insuficiencia financiera crónica de la UAZ, de tal manera que Hacienda vea dicho gasto como una inversión altamente rentable para los fines del Estado en desarrollo? De otra manera: ¿qué puede ofrecer la Universidad a cambio de 800 millones de pesos adicionales en subsidio federal y 400 en subsidio estatal? (Porque con 1200 millones más, se resuelve la insuficiencia mencionada). Y poner el esquema de negociación no por la vía de recortes a la institución, sino por la vía del uso del conocimiento para la creación de riqueza. La pregunta incorrecta es, ¿cómo recortar las capacidades de acción de la Universidad?; y por el contrario, la pregunta correcta es, ¿qué puede hacer la UAZ para ayudar a generar riqueza en el estado de Zacatecas, y con ello gestionar el aumento a su propio subsidio? En la próxima entrega expondremos la propuesta que se puede hacer a Gobierno Federal para resolver el problema más importante: el estructural. ■
