La ley de participación ciudadana ha tenido un largo camino de neutralización. Desde 1998, se emitió una versión de ésta donde los ciudadanos sólo tenían derecho a opinar sobre actos de gobierno, pero su opinión era sólo una sugerencia, nunca una orden. Es decir, los actos de plebiscito y referéndum no tenían carácter vinculatorio. Igual fue el caso de la iniciativa popular, que al carecer de reglamentación no se aplicó en el caso de la propuesta presentada por un grupo organizado de la sociedad civil de Ley Estatal de Educación, y por tanto, dicha iniciativa quedó en la congeladora. En todos estos casos, la participación ciudadana para intervenir vía consulta en actos de gobierno y actos legislativos, en la práctica, queda negado.
Pero ahora mismo el enfoque de la llamada gobernanza o gobernabilidad democrática, abre la posibilidad de incluir la participación ciudadana no sólo en actos aislados de consulta, sino en la estructura misma de la organización y ejercicio de gobierno en todos sus niveles, sobre todo en aquellos que tienen más proximidad con los ciudadanos: los gobiernos intermedios (entidades federativas) y municipios.
Es decir, la gobernanza es hacer o construir la intersección entre sociedad civil y Estado para llevar a cabo el acto de gobierno. El enfoque de la gobernanza significa democratizar la misma estructura del gobernar. ¿En dónde se debe iniciar la estructuración de la gobernanza para el caso de Zacatecas? Tal vez una buena idea sea plantear el punto detonador del mismo en los procesos de planeación del desarrollo del estado de Zacatecas, junto a los procesos municipales.
Y para ello, se requiere cruzar o retroalimentar la ley de participación ciudadana con la ley de planeación del estado de Zacatecas. Eso sería un ejercicio muy serio que tendría que asumir la Legislatura actual, pero muy poco probable que lo realicen, dado el reto que significa. Sin embargo, lo que sí pueden asumir es el reto de incluir a los ciudadanos en las tareas de verificar y monitorear la transparencia y rendición de cuentas, en todas las tareas que pueden ayudar en la difícil misión de evitar la corrupción.
Es decir, incluir a la ciudadanía en los controles suficientes para evitar el mal endémico más importante en el ejercicio de gobierno contemporáneo: la corrupción. Se requiere de estudios serios para diseñar el tipo de controles que se necesitan para que garanticen su efectividad. Por tanto lo que menos esperamos es que se llame a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia para elaborar una propuesta de participación ciudadana… participativa.
Donde se revise qué tanto y de qué forma la participación ciudadana entra en las políticas de seguridad, de impulso al desarrollo económico y educación. Esperamos que los diputados pongan todos sus oficios en hacer una buena ley estatal de participación ciudadana; es un tema vital.
