■ Necesario, crear una Ley de Participación Social que no sea discursiva sino reguladora, expone
En los países “democráticos y avanzados” existen controles sociales operativos que son “molestos” para las autoridades, pero en Zacatecas no hay un marco legal que haga posible una participación ciudadana organizada para vigilar el actuar del Estado, aseguró el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.
El académico sostuvo que en México “hay mucho show de sociedad civil y está muy bien, los países necesitan show, pero también tiene que haber una sociedad civil operativa que se arremangue la camisa y se ponga a controlar técnicamente al Estado, como hace el padre Solalinde en Oaxaca. Eso es un control social operativo, es molesto, les molesta al Estado, pero eso es lo que hace la sociedad civil en países democráticos y avanzados, controla a su Estado, el Estado es de ustedes como ciudadanos”.
Sin embargo, Zacatecas no cuenta todavía con los instrumentos normativos que regulen la participación ciudadana que se requiere, por ejemplo, para controlar de manera efectiva la justicia.
Por ello, expuso Buscaglia, es necesario que se cree una Ley de Participación Social “que no sea una ley discursiva, tiene que ser una ley reguladora de esa sociedad civil que ustedes ya tienen”, pues aseguró que en la entidad hay un grupo de profesionistas que trabajó con él hace años y conoce los mecanismos de medición para controlar los procesos judiciales y determinar la calidad con la que éstos se llevan a cabo.
Durante una conferencia impartida en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), el especialista en delincuencia organizada mencionó el ejemplo de interacción entre autoridades y sociedad que se registra en otros países como Alemania o Estados Unidos.
En el último caso, comentó, existen redes de ciudadanos reguladas y que pueden acceder a las resoluciones judiciales para evaluarlas, inclusive a través de Internet, de forma que pueden “determinan la calidad de esas sentencias, envían reportes como redes de la sociedad civil y se los entregan al Estado. Hay una relación de cooperación entre el Estado y la sociedad civil que es eminentemente técnico-operativa”.
Y es que aparte de la voluntad de las personas para conformar organizaciones de este tipo, también debe haber un fuerte apoyo del Estado para que la sociedad pueda desarrollar sus capacidades técnicas de control.
La necesidad de vigilar los procesos judiciales es un factor clave para que comience a disminuir el número de errores que se cometen en las resoluciones, en concreto, de las causas penales que tienen que ver con la delincuencia organizada y que ha sido el ámbito estudiado por el investigador y sus equipos de trabajo, tanto en México como en otros países.
Uno de los mecanismos que utiliza Buscaglia para medir la calidad de los sistemas judiciales es el de determinar el respeto o incumplimiento que hay de las convenciones internacionales ratificadas por el país, referentes a la corrupción y la delincuencia organizada.
En este sentido, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana sostuvo que en territorio mexicano no se aplica una gran cantidad de acuerdos incluidos, entre otras, en las convenciones de Mérida y de Palermo, y que son documentos que “te dan la receta de las medidas que implementan los Estados que logran contener a la delincuencia organizada”.
En relación al tema de los grupos criminales y su fuerte presencia en México, el analista aseveró que el mayor reto es el de “contener y transformar” la delincuencia organizada y no eliminarla, ya que eso no es posible.
Para ello, concluyó, hay que cubrir los vacíos de poder que hay en el Estado mexicano, a fin de que los grupos delincuenciales pasen de “comportarse como la delincuencia afgana a comportarse como la delincuencia organizada alemana, que acota sus delitos económicos ante la fortaleza de los controles del Estado”.
