La entrada en vigor de la Reforma Político Electoral trae consigo graves riesgos para la democracia mexicana, porque sin lugar a duda ésta fue utilizada, no para el bien del pueblo, sino como “moneda de cambio” entre el PRI gobierno y el PAN para llevarnos a un lastimoso bipartidismo.
Es decir, la Reforma Constitucional en materia electoral, que entró en vigor el primero de febrero pasado, no es otra cosa que un acuerdo entre priístas y panistas.
Baste recordar que durante las negociaciones, el blanquiazul pretendía fijar en cinco por ciento el umbral para conservar el registro de partido y para el acceso a la representación proporcional, de tal suerte que tres partidos políticos perdieran o estuvieran en riesgo de perder su registro. Finalmente se conformó con el tres por ciento, aún así con el peligro de la desaparición de partidos.
Esa medida implica en el ámbito local que en 24 estados también aumente el citado umbral para acceder a la representación y conservar el registro de partido, lo que a su vez implicaría una mayor distorsión a la representación política ya de por sí en desequilibrio con un dominante mayoritario.
En el caso de la Cámara de Diputados ese mayoriteo es de 60 por ciento y hasta más en algunos estados, impidiendo que las minorías acedan a la representación y política, pese a que en su conjunto pueden llegar a representar cerca de 10 por ciento de la votación.
Lo traduzco de otra manera para que quede más claro a ustedes, estimados lectores, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión cada curul equivale a 0.33 por ciento del total, sin embargo, se exige casi 10 veces más para tener derecho a la representación política.
Esa situación además genera condiciones desiguales de competencia electoral al reflejarse en el acceso a las prerrogativas del financiamiento público y al tiempo en radio y TV, las que de por sí se distribuyen poco equitativas en 70 por ciento proporcional y 30, igualitaria.
Es decir, al eliminar la votación de los partidos con menos de tres por ciento de la votación se incrementa proporcionalmente la base de participación de los partidos de mayor fuerza electoral, o dicho de otra forma, se adjudican el financiamiento y el tiempo de radio y TV de las minorías.
Debido a lo importante y trascendente del tema, la prioridad ahora está en evitar que en la ley secundaria se profundice aún más la afectación al principio de pluralidad política, así como de las condiciones de inequidad.
En el régimen transitorio de la reforma, sobre la postulación de candidatos de partidos políticos, el modelo de coaliciones en el que además de las totales y parciales se anuncian otras que denomina “flexibles”, lo que nos lleva a estimar dos peligros inminentes: que se institucionalice el modelo Edomex del PRI de más de una coalición con partidos satélites, que le permite la transferencia de votos y la adjudicación de la mayor parte de la representación proporcional; y el otro, que es que con el modelo de coaliciones se pretenda impedir la figura de la candidatura común.
La legislación secundaria también debe aprovecharse para terminar con la simulación en diversos temas de las condiciones de la competencia electoral, entre ellos están hacer efectivos los topes de gasto de campaña y la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos, tema en el que Representación del PRD ante el IFE hemos sido muy insistentes que se cumpla.
Por ello hemos reconocido y exigimos que se establezcan mecanismos efectivos de vigilancia de los gastos y la publicidad, para evitar la manipulación y ocultamiento, como actualmente sucede y que el mejor ejemplo lo tenemos en las elecciones presidenciales de 2012 con el caso de Enrique Peña Nieto.
Otro tema es acabar con la adquisición encubierta de propaganda para la promoción personal de políticos, servidores públicos y partidos, tal y como también sucedió con EPN o como ahora lo hace el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con la supuesta promoción de su informe de gobierno y gestión. Urge acabar con estas irregularidades.
Por lo que es necesario expedir la Ley de propaganda gubernamental que limite el gasto de comunicación social y la vinculación o identidad con la propaganda de los partidos políticos y que se distribuyan los tiempos de Estado en Radio y Televisión de manera equitativa.
Evitar que en la designación de consejeros, magistrados y fiscales electorales se designen operadores políticos de partidos o sus dirigentes.
Tema de vital importancia y en el que no hemos quitado el dedo del renglón es terminar con el uso electoral de los programas sociales, como hoy ocurre con la “Cruzada contra el Hambre”, que en realidad constituye una estrategia por los votos, y que hemos dicho hasta el cansancio.
En las ley secundaria también se debe evitar la simulación en la ley del Derecho de Réplica; Consulta Popular; Candidaturas Independientes, Telecomunicaciones y Transparencia y acceso a la información pública. ■
*Representante del PRD ante el IFE
