La lucha por la apertura democrática implica ir más allá de restringido límite del sistema de partidos y dirigirse al empoderamiento ciudadano en todos los procesos que definan la conquista del poder público, su ejercicio y vigilancia. Así se explican las iniciativas de candidaturas por fuera de los partidos políticos, las llamadas candidaturas independientes; la iniciativa ciudadana, que es la posibilidad de que un número determinado de personas presente iniciativas de ley, y no sólo los diputados que provienen de partidos políticos; la consulta popular a través de plebiscitos y referéndum, para que decisiones trascendentales en materia de actos de gobierno o de leyes, sean tomadas por la población y su dictamen no solamente sea producto de acuerdos al interior de las fracciones parlamentarias o de negociaciones entre líderes partidarios. Como podemos observar la puja por la apertura democrática consiste en ciudadanizar la política.
En reformas políticas anteriores hubo algunos aciertos en la construcción de los órganos electorales: el Instituto Federal Electoral y los Institutos Estatales Electorales se justificaron como órganos ciudadanizados, y con ello se intentó garantizar la objetividad e imparcialidad en su funcionamiento y, lo más importante, que la prioridad de sus decisiones y dictámenes siempre sea el interés de los ciudadanos, más allá de los propios partidos.
Pero la maquinaria de los partidos se resiste a ciudadanizar la política: en su momento se opusieron a las candidaturas independientes, se han opuesto de manera rotunda a la revocación del mandato y le ponen candados o umbrales imposibles a la consulta popular para leyes o actos de gobierno. Son los signos propios de la mutación de clase a casta política.
La constitución de casta significa su separación de la fuente de legitimidad y la autorreferencialidad en el ejercicio del poder. Otro signo fue la manera en que se impulsaron las últimas reformas constitucionales; y otro signo más, es justamente lo que ocurre en Zacatecas con la conformación del Consejo del Instituto Estatal Electoral.
Este órgano dejó de ser “Consejo Ciudadano” y fue invadido por los diversos partidos políticos designando a sus operadores partidarios para su conformación. Con ello, convierten a este órgano en una mesa de concertación política, y no en aquello para lo que fue pensado, una garantía de objetividad ciudadana. Una vez que el Tribunal Federal Electoral les mandató reponer el procedimiento, persiste la tentación de volver a violar el espíritu de la ley acercándose un poco más a su letra.
Es importante la cordura política de las dirigencias partidarias, especialmente del PRI, para no designar a sus operadores para desempeñar la función de árbitros electorales. De hacerlo, el mensaje a la sociedad civil es contundente al mismo tiempo que alarmante: la sociedad civil no existe para ellos, y se imponen como casta en el poder. Y el desprestigio de los partidos sigue, pero ahora porque se han autoerigido en los hacendados del poder.