El problema de la Seguridad Social en la Universidad está dividido en dos áreas: el adeudo en aportaciones al ISSSTE y al SAR, que asciende a 400 y 380 millones respectivamente; y las medidas estratégicas para (una vez resuelto el adeudo) darle sustentabilidad al sistema de previsión de los trabajadores universitarios. Pero ya va más de un año que el problema se conoce y se anuncia el estallamiento del mismo, y sin embargo, las autoridades (y el propio sindicato) no tienen o no han dado a conocer el diagnóstico preciso del problema. Y la manera de hacerlo es, primero, contar con un estudio actuarial; y después hacer los análisis que de aquí se desprendan. La clave para resolver un problema es conocerlo a detalle. Toda la atención se ha concentrado en atender el adeudo. Pero para hacer propuestas que solventen la deuda, se requiere un plan de sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Por tanto, deben tomarse las dos dimensiones del problema en forma simultánea.
De todos es conocido que las pensiones en México representan la posibilidad de una crisis de profundas consecuencias. La mayoría de los 105 sistemas públicos de pensiones que existen en el país, no están fondeados; lo que trae como consecuencia que aumente la presión a los presupuestos, y terminan pagándose los pasivos con recursos fiscales. Los diferentes gobiernos han emprendido medidas para bajar el costo público de las pensiones (como la modificación de la ley del ISSSTE en 2007), pero el problema de la falta de fuentes de financiamiento de la Seguridad Social no se ha resuelto, al grado que las pensiones públicas tienen un pasivo actuarial de 104% equivalente al PIB (a costos de 2010). Este año se destinaron más de 500 mil millones de pesos del presupuesto federal para cubrir gastos en pensiones, lo que es un monto 9 veces mayor a los gastos en seguridad pública, y 6 veces mayor a todo el gasto en seguro popular. El problema de las pensiones es, por lo visto, un motivo de preocupación de estabilidad macroeconómica en México. Es un tema grave.
La Universidad se adscribió al ISSSTE, y este instituto tiene penosas complicaciones en sus finanzas. Aparte de la mediocridad con que otorga los 21 seguros y prestaciones a los que se obliga en salud, riesgos de trabajo, retiro, cesantía, vejez, y jubilación. El fondo de pensiones del ISSSTE (en el ejercicio 2006, antes de la reforma) necesitó que el gobierno federal le cubriera el increíble porcentaje de 72%. Es decir, el problema financiero de esta institución es de tal gravedad, que plantear de entrada un perdón a la deuda por parte de estos, refleja un desconocimiento elemental de la situación. Las propuestas deben ir por otro lado. Una cifra para dar cuenta de esto último: para 2018 los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del régimen de reparto modificado (el conocido décimo transitorio), serán de 140,114 millones de pesos (actualizado a 2010). A consecuencia de las diferentes reformas para abaratar los contratos, se ha producido una situación de inequidad tal, que para el caso de la Universidad la brecha de lo que gana y las ventajas de un profesor que ingresó antes de 1985, al que entró después de 2007, es muy grande: los profesores viven realidades distintas, según la generación en que se ubiquen. Se deberá pensar en que las soluciones que se propongan tengan en cuenta el tema del equilibrio intergeneracional o la equidad entre los diferentes grupos docentes.
Según Vásquez Colmenares, el Sistema de Universidades Públicas Estatales (Upes), aunque tienen algunas diferencias notables, es común a la mayoría de ellas la situación de pasivos laborales y graves problemas en sus sistemas de pensiones. En cuanto a las diferencias depende de la situación del estado al que pertenezcan; por ejemplo, Aguascalientes declara estar fondeado para los próximos 100 años, mientras que Veracruz está en focos rojos y alarmas prendidas. Y esto impacta en las contribuciones que los estados hagan a sus universidades. Zacatecas está en los estados del llamado Riesgo Medio, y la contribución a su universidad es de las más bajas del país. Sin embargo, la condición de insuficiencia en la sustentabilidad de su seguridad social es común a la inmensa mayoría de las Upes: de 28 instituciones, únicamente 8 cuentan con suficiencia de más de 10 años para hacer frente a sus pasivos; las 20 restantes están en graves problemas. Según la ASF, los pasivos actuariales de los planes de pensiones en las universidades públicas estatales ascienden a 244 mil millones (actualizado a 2010). Esto significa que la estrategia debería contemplar juntarse con esas 20 universidades, para ampliar el poder de negociación de un problema común. Pero no vemos acciones dirigidas a tejer esas relaciones: hay autoaislamiento por omisión.
En una red de Upes se abre la posibilidad de abrir el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones (FARP), creado en 2007. Este fondo no lo han utilizado los estado ni los municipios, porque falta claridad en sus reglas de operación para acceder a él. Y tampoco lo han utilizado las Universidades. Los fondos han sido acaparados por gobierno federal, y entre otras cosas, lo que han hecho es justamente lo que requiere ahora mismo la UAZ: el otorgamiento de transferencias fiscales al ISSSTE. Con una red de universidades se puede abrir la negociación alrededor del uso del FARP, para cubrir adeudos al ISSSTE. Estos elementos pueden apoyar el discernimiento que lleve a los universitarios a elaborar propuestas inteligentes para conservar sus derechos y realizar mejor la misión a la que están llamados. ■
