La Secretaría de Gobernación presentó recientemente la nueva Estrategia Nacional Antisecuestro. En México Evalúa nos dimos a la tarea de reflexionar sobre la forma en la que podrían cuantificarse los resultados de esta estrategia y sobre aquellos problemas que dificultan esta tarea.
1) Fortalecimiento y ampliación de las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y de manera particular, las unidades de los diez estados que en los que en 2013 se concentró 74 por ciento de la incidencia de secuestros.
El gobierno no ha sido completamente transparente respecto al avance de las evaluaciones policiales en el pasado, lo que dificultará particularmente valorar este objetivo.
Se planea homologar los protocolos de actuación de las distintas instituciones de seguridad, proveerlas de equipo tecnológico, y que la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR) acompañen en sus operaciones a las unidades antisecuestro. Estos objetivos, si bien pueden medirse, podrían ser cumplidos completamente, sin que se logre reducir el número de secuestros.
De hecho, no existe evidencia de que la creación de unidades antisecuestro haya tenido un impacto sustantivo en la incidencia de este delito. Durante la administración de Felipe Calderón se destinaron más de 400 millones de pesos a estas unidades, sin que se haya observado una reducción en la comisión de secuestros. La eficacia con la que se utilizan los presupuestos que se destinen a estas unidades antisecuestro será fundamental.
2) Conformación de un Sistema Único de Análisis de Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro.
En primer lugar, no queda claro en qué consiste este Sistema Único de Análisis de Información sobre secuestro. Esta no sería la primera vez que se intenta crear un sistema de información unificado. Plataforma México tenía un propósito muy similar, dando a los estados y a la Federación la capacidad de compartir información sobre seguridad para tener una base de datos completa, sin que haya dado resultados. En esta nueva propuesta, nada indica que se va a hacer algo distinto.
El secuestro es un delito notablemente difícil de cuantificar, dado que las víctimas tienen incentivos para no denunciarlo, aún después de liberada la víctima. Por lo tanto es natural esperar que un alto número de secuestros siga siendo desconocido para las autoridades.
¿A partir de qué información se piensa conformar este sistema único de datos? ¿Piensan unificar las bases de datos de los estados y las de la Federación? ¿Existen? ¿Hay algún diagnóstico sobre las coincidencias y discrepancias de las estadísticas por nivel de gobierno, las cuales pueden entonces servir para unificar la metodología del recuento de este delito? Si se planea crear una base de datos única con información de secuestradores y perfiles de las víctimas que sea útil para el análisis de inteligencia de la Policía Federal, el gobierno necesitará diseñar un sistema completamente nuevo y mucho más efectivo que los esfuerzos anteriores.
3) Vigilancia y evaluación permanentemente del comportamiento y actuación de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país.
Creemos que va a ser muy costoso mantener la vigilancia y evaluación permanente de las unidades antisecuestro, y todo el tiempo que pasen en evaluación lo dejarán de pasar en sus labores de inteligencia u operativas. No obstante, es indispensable contar con elementos que al menos no se unan a los grupos delincuenciales y formen parte de los secuestradores desde las instituciones de seguridad.
Eso, entendemos, es el objetivo deseable detrás de este punto. Sin embargo, es paradójico que las autoridades propongan mayor evaluación cuando recientemente, Manuel Mondragón, Comisionado Nacional de Seguridad, reconoció que las pruebas como el polígrafo pueden ser engañadas.
¿Acaso tienen nuevas pruebas de evaluación para las unidades antisecuestro? ¿Gobierno Federal cuenta ya con mejores sistemas de evaluación para las pruebas de confianza del personal? ¿Cómo se puede fortalecer los mecanismos institucionales en la selección de los elementos de las unidades antisecuestro que permitan un mejor desempeño y eventualmente permitan mayor confianza de la ciudadanía en su actuación?
El monitoreo de la evaluación al personal de las instituciones de seguridad es necesario, por lo que la autoridad tendría que presentar informes periódicos sobre estas evaluaciones y las medidas correctivas que tomen a partir de sus resultados.
Aunque debe reconocerse al gobierno por poner énfasis en el combate a este delito tan grave, es fundamental analizar la estrategia con cierto escepticismo.
Esta no es la primera administración que plantea el combate al secuestro como prioridad y no podemos simplemente tomar el compromiso del gobierno como garantía del éxito de esta estrategia. Existen ciertos elementos en la propuesta gubernamental que sugieren que el fenómeno no ha sido comprendido del todo. Por último, se presentan propuestas con serios problemas para poder evaluar su eficacia. Esperamos y deseamos que la nueva estrategia contra este fenómeno, que de tiempo atrás ha flagelado a la sociedad mexicana, tenga éxito de una vez por todas. ■
*Investigador de México Evalúa.
