El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es una función esencial del Estado mexicano: es un paradigma estado-céntrico que define a la violencia como un problema de orden público causado por un enemigo interno. El paradigma dominante para garantizar la seguridad es el llamado Modelo Penal que concibe la prevención del delito como disuasión por incremento de las penas, y las tareas ordinarias de las policías preventivas se concentran en las labores de patrullaje y detenciones en flagrancia.
Ese esquema de seguridad pública se define por la trilogía seguridad-justicia-cárcel , que opera en un sistema de justicia compuesto por la procuración de justicia: investigación policial tanto la ministerial (servicios periciales) como de la fiscalía (ministerio público); la administración de justicia a cargo del poder judicial: tribunales y juzgados; y el sistema penitenciario, integrado por los espacios de ejecución de las penas que teóricamente tienen la misión de rehabilitar a los infractores.
Los Modelos Ciudadanos, por el contrario, ubican a la ciudadanía como el centro de las políticas de seguridad, la que conciben como un derecho humano y generan procesos de participación en la búsqueda de soluciones. Por tanto, abandonan la visión en la que las instituciones estatales son las únicas responsables de las políticas de seguridad y corresponsabiliza a la ciudadanía para intervenir en todos los procesos de seguridad: diseño, instrumentación y evaluación de estas políticas, porque asume que ningún acto policiaco reconstruye tejido social, y que sólo la acción ciudadana directa lo hace. Así que se requiere de políticas públicas policiales y no-policiales para recuperar el espacio público, la confianza ciudadana y la civilidad.
La creciente militarización de la seguridad pública es contradictoria con el paradigma de seguridad ciudadana porque disminuye la posibilidad de rendición de cuentas, cuenta con menor capacidad de tratar con la ciudadanía y propicia una mayor violación de los derecho humanos, además de que la formación castrense de los policías conduce a que centren su atención en ‘eliminar el enemigo’ dejando de lado la prevención y el restablecimiento del tejido social.
Parece evidente que el hecho de que los principales indicadores del nivel de inseguridad y violencia no mejoran y el surgimiento de los grupos de autodefensas en Michoacán, prueban que el modelo militarizado ha fracasado y que llegó el momento de explorar nuevos caminos que involucren a los ciudadanos y que permitan la recuperación de las capacidades del Estado para establecer una nueva gobernabilidad compatible con la democracia y el crecimiento del bienestar.
Ya está claro que no bastan los incrementos espectaculares en los recursos públicos destinados a este problema ni la alternancia en el Poder Ejecutivo; se requiere voluntad política para reformar las instituciones estatales y para eliminar la impunidad. Ese es el pacto que México requiere.
