En este 2014, año en el que dará inició el proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados y a punto de dar inicio el segundo periodo de sesiones de la 61 Legislatura, nos encontramos con plazos vencidos para la expedición de leyes en materia de Propaganda Gubernamental; del Derecho de Réplica; de la Consulta Popular; de Candidaturas Independientes, y de Telecomunicaciones, todas ellas con vínculos en la materia electoral.
Por si eso fuera poco, estamos ante la más apretada agenda legislativa de que se tenga memoria, ante la necesidad de que el Congreso de la Unión expida nuevas leyes y reformas a otras en diversas materias; en específico las derivadas de la reforma político-electoral.
Además en materia electoral son de interés la Leyes de Propaganda Gubernamental, Derecho de Réplica, Telecomunicaciones, de la nueva Fiscalía General de la República y del Coneval, entre otras.
Todas esas leyes, estrechamente relacionadas a la equidad y condiciones de competencia electoral y para las consultas populares.
Entrando en el tema de la reforma político-electoral, se aprecia que en la parte impulsada por el PRI y el Partido Acción Nacional no sólo pactaron una nueva autoridad electoral, sino que además establecieron una serie de reglas en relación con la representación política y las condiciones de competencia electoral, en perjuicio del principio de pluralidad política, como:
El aumento del umbral a 3 por ciento en elecciones federales y estatales para conservar el registro de partido, obtener representación política y prerrogativas; favorece la sobrerepresentación y la inequidad en la competencia electoral;
La eliminación del límite de 10 por ciento del financiamiento privado permitirá mayor injerencia de los intereses privados sobre los públicos;
El modelo de coaliciones busca instituir el modelo de partidos satélites del PRI y evitar las alianzas particularmente de la izquierda;
Se hacen nugatorias o casi imposibles los supuestos de las causas de nulidad por propaganda encubierta; rebase a los topes de gastos de campaña y utilización de recursos de procedencia ilícita;
Se deja intacto el actual TRIFE que se ha constituido en tribunal a modo del PRI, PAN y los poderes fácticos, con poder de decir la última palabra;
El INE sin atribuciones en educación cívica y reservada sólo para los órganos locales.
De lo anterior podemos decir que se trata de aspectos negativos en sí mismos de la Reforma Electoral; sin embargo, en la legislación debemos evitar su desarrollo o implementación con mayor perjuicio para el pluralismo político en nuestro país.
Una vez anotado lo anterior, debemos decir que la reforma política en sus demás aspectos ofrece riesgos y oportunidades a las que nos debemos abocar en el aspecto legislativo como en la acción política.
Los riesgos pueden identificarse desde la forma en que fue generada esta reforma constitucional: básicamente con el acuerdo entre el PRI–Gobierno con el PAN, teniendo como moneda de cambio de la reforma energética.
Pero que además nos ofrece un esquema de dispersión normativa y de sobrerregulación que favorecen la discrecionalidad y sesgo en la aplicación de las leyes; que ha llevado a muchos a estimar como imposible la expedición del cúmulo de nuevas leyes y reformas a otras, en los plazos previstos, y antes de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, en que deben expedirse las leyes electorales.
Dado este esquema, el PRD debe evitar caer en discusiones bizantinas ante el nuevo e irregular modelo electoral establecido en la reforma constitucional y su régimen transitorio, por lo que es de vital importancia que incida y participe profundamente en la elaboración de las leyes secundarias para hacer efectiva la reforma política electoral.
Ley de propaganda gubernamental: Es necesario terminar con la simulación en la promoción personal de servidores públicos, en campañas gubernamentales o de entes privados que además promueven a partidos políticos o sus plataformas políticas.
La Ley Electoral en sincronía con la Ley de Telecomunicaciones y de propaganda Gubernamental debe acotar y sancionar la realización de propaganda encubierta a través de mecanismos de vigilancia y monitoreo.
Ley del derecho de réplica: Debe contemplarse un procedimiento específico y especial en materia electoral en virtud de la celeridad en las campañas, dando competencia a la autoridad electoral para conocer y resolver sobre el mismo, teniendo como parte directamente responsable al medio de comunicación que transmite el contenido materia de la réplica, con independencia de su origen.
Utilización de programas sociales con fines electorales: El Coneval, organismo de evaluación de las políticas sociales, puede colaborar para prevenir y evitar la utilización de programas con fines electorales, como la estrategia de la Cruzada contra el Hambre del Gobierno Federal.
Ley de partidos políticos: Debe atender el tema de la afiliación libre, personal e individual y evitar que organismos gremiales o cualquier otro de carácter corporativo no intervenga en la organización de los partidos políticos, como hoy sucede con el SNTE y el Panal, o los sectores del PRI.
Candidaturas Independientes: Se debe integrar su regulación en la nueva Ley General Electoral y en las leyes electorales estatales.
El árbitro electoral: INE, órganos públicos locales; Servicio Profesional Electoral nacional, TRIFE, Órganos jurisdiccionales locales y Fiscalía de delitos. Las nuevas bases para la organización de las elecciones hace de la autoridad electoral un tema polémico, pues no debemos perder de vista que el fondo del asunto es la despartidización de los órganos electorales para que sean imparciales.
Tres temas resultan torales en la conformación de la nueva autoridad electoral: el órgano técnico de Fiscalización, el Servicio Profesional Electoral Nacional y la integración y ubicación de casillas.
Ley de Consulta Popular: Forma parte de las prioridades por su vinculación con la reforma energética para su aplicación en la elección intermedia de 2015.
Por ello senadores, diputados y militantes del Sol Azteca estamos reunidos para presentar propuestas y lograr acuerdos para la integración de las leyes secundarias. ■
*Representante del PRD ante el IFE
