En una democracia, si las instituciones no viven en constante retroalimentación, legitimación y auto crítica, ellas mismas generan las condiciones adecuadas para que la ciudadanía se mantenga en reserva y escepticismo ante sus acciones.
El caso de Fresnillo, en Zacatecas, es particular, ya que es públicamente conocido que el alcalde de aquella demarcación, Benjamín Medrano, al asumir su mandato como presidente municipal, aproximadamente unos 100 días atrás, fue amenazado por grupos de la delincuencia organizada, ante el posible cambio de mecanismos de poder e influencia que habían establecido en ese territorio.
Cabe señalar que no es el único funcionario que ha sido acosado por el crimen organizado, pero sí uno de los pocos que mediatizó la situación de peligro en que se encontraba.
Se puede justificar que el alcalde, aunque no haya presentado una denuncia formal (como sí es exigido a los ciudadanos), en primer lugar haya tomado el teléfono para notificar de la situación al gobernador del estado, Alonso Reyes. Al abrir el canal de comunicación, el alcalde contó de manera inmediata con protección especializada para realizar sus labores cotidianas. Con ello se desató un conflicto con el ex contralor petista, Omar Carrera; tema político que no será materia de discusión aquí.
Retomando el punto de análisis, el hecho de que el alcalde fresnillense no haya acudido a las instancias de procuración de justicia para abrir una denuncia ciudadana, es un elemento que, en su momento, privó a la ciudadanía del conocimiento necesario de la situación por la que atraviesa el municipio, y que unos días atrás fue nítidamente retratado cuando la Marina Armada de México se reinstala en El Mineral.
Era necesario que la procuraduría estatal iniciara una investigación, donde se ofrecieran datos o información pertinente, con respecto a los probables atentados que sufriría Benjamín Medrano si no cumplía con las demandas que aquél grupo criminal le impuso. Ese capítulo de la realidad zacatecana fue desprovisto de la relevancia que reviste, además de que el estado de derecho fue ignorado por los niveles de gobierno municipal y estatal.
A la ciudadanía (especialmente la de Fresnillo) se le privó del derecho a ser informada de la realidad en la que se encuentra inserta, para pasar a una acción de gobierno que privilegiara la seguridad individual, antes que un tratamiento público de un problema que es eminentemente social.
Ahora bien, el fenómeno era latente, al grado tal que unas semanas antes del regreso de la Marina a Fresnillo, el procurador de justicia estatal, Arturo Nahle, dio a conocer información de los hechos violentos del 18 de enero pasado, donde varios sujetos armados secuestraron a cuatro personas, y prendieron fuego a 8 más en un centro nocturno de aquel municipio.
Si seguimos el patrón de comunicación política del Gobierno estatal al día de hoy, que privilegia el boletín informativo inmediato para evitar la dispersión de datos y las conjeturas, especialmente en sucesos violentos; entendemos que el gabinete comunique paralelamente imágenes disonantes de la situación del estado.
En un segundo plano informativo se encuentra el procurador estatal Nahle García, quien da los pormenores de la investigación, a los medios de comunicación del estado, y debido a la gravedad de los enfrentamientos es quien carga con los negativos en materia de seguridad.
La disonancia informativa nace en el momento en que Gobierno del Estado parte en dos la percepción de las condiciones de seguridad en Zacatecas. El gobernador refuerza el discurso de trabajo e inversión a favor de mejores corporaciones policiacas y militares, mientras que el procurador confirma la existencia de cotos de poder de grupos de la delincuencia organizada en todo el estado. Uno administra la percepción, el otro la expone en su parte más cruda. En el medio, ninguno deja claro cuál es la correlación entre inversión y diagnóstico/análisis del fenómeno.
No se debe pasar por alto que dicha polémica dibuje un conflicto de poder.
Comunicar en dos vías, es aceptar dos voces (la oficial y la del procurador) en un tema donde debe de haber un solo eje rector. Un ejemplo más: el tratamiento informativo de la “desaparición” de la periodista Zoila Edith Márquez. Lo que comunicaba el procurador era completamente distinto a la versión periodística del hermano de la encargada de comunicación social de gobierno.
Es importante también poner atención a la voz del alcalde Benjamín Medrano, la cual en vez de buscar mantenerse en el margen de institución municipal y marcar la “sana distancia” con el gobernador, se encuentra políticamente alineado.
Esta estrategia de comunicación tiene objetivos identificables: Fresnillo es un bastión electoral caliente, y busca ser mantenido por el partido en el gobierno, por lo tanto, debe de ser expuesto lo mínima y más eficazmente posible. El retorno de la Marina como favor del “presidente amigo” genera evidencia. ■
