La impunidad es la madre de los males. El mejor inhibidor a la práctica de los robos es justamente que se castiguen, porque si no se logra castigar la ola de robos en la ciudad, su incidencia no va a disminuir; sancionar los delitos es, al mismo tiempo que un acto de justicia, una forma de prevención.
Se ha documentado que más de 90 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes, y eso es una causa estructural de que la incidencia no disminuya. Por ello se afirma que el Estado es un causante indirecto en el aumento de la delincuencia, pues cuando el órgano encargado de combatir la delincuencia es omiso la genera o estimula.
Y si esto es cierto para todo tipo de fechorías, aún lo es más para el caso de delitos que tienen que ver con los ámbitos de la administración y el poder público. Es un caso especialmente grave.
Se trata de abusos que ocurren en las instituciones del Estado creadas justamente para combatir dichos actos, como cuando los delitos son cometidos por policías; entonces todo el sistema se pervierte, como cuando se vicia un sistema de sonido porque capta el propio sonido emitido, todo se estropea.
Todo. Así pasa con los responsables de fiscalizar y/o vigilar el destino de los recursos públicos, cuando esos órganos se convierten en el motivo de opacidad, cuando su misión es transparentar. En el caso que en estos días nos ocupa, el carpetazo del caso de corrupción compartida por diputados locales de la anterior Legislatura y funcionarios del Ejecutivo, era una oportunidad para calibrar de qué está hecha la autoridad. Porque las autoridades se prueban en la práctica de casos complejos, no en discursos salpicados de chistes.
Y lo que vemos, es que el escándalo que puso en evidencia que un grupo de legisladores estaba aceptando y administrando un soborno para orientar su voto en el presupuesto público, con lo cual se tipifica claramente el delito de corrupción, nada ocurre. O en otras palabras: ocurre la impunidad. No hay una sola sanción, no hay delito que perseguir y nada pasa. Lección: “si Usted es diputado o alto funcionario, puede incurrir en actos de corrupción y finalmente nada le pasa”. Y hay un agravante especial, cuando el corruptor es el propio Poder Ejecutivo, al que pertenece el procurador.
Esto es, la ‘investigación’ está a cargo de una de las partes involucradas. Por tanto, la lección es que el problema no es sólo moral, sino de estructura en la procuración de justicia: ¿qué ocurre cuando el Ejecutivo (como poder) está involucrado en actos de corrupción, y es él mismo el responsable de investigar el caso? Pues la respuesta es obvia: se declarará inocente a los inculpados. Debemos pensar en cambiar la estructura de la gestión de la justicia en el caso especial cuando los poderes del Estado se vean involucrados en delitos.
Mientras dichas estructuras no cambien, todos seguirán siendo inocentes, y el escepticismo ciudadano crecerá aún más, y la falta de credibilidad en el poder público seguirá siendo absoluta.
