El caso más reciente de la larga lista de mexicanos ejecutados en los Estados Unidos, el del hidalguense Édgar Tamayo Arias, más allá del evidente autoritarismo y arrogancia estadunidense, al ejecutar una sentencia emanada de un dudoso proceso judicial con graves fallas y omisiones en el estado de Texas, que provocó la condena internacional, evidencia además un grave problema de fondo en el sistema consular, Secretaría de Gobernación, Poder Ejecutivo, organismos de derechos humanos en nuestro país y todos los órganos gubernamentales nacionales facultados y responsables para intervenir en casos así.
No podemos menos de comparar este caso con la fuerte y enérgica reacción del gobierno francés en el caso de la detención de su connacional Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien involucrada en una banda dedicada al secuestro, fue detenida, acusada de cuatro secuestros y sentenciada, provocando con ello un periodo de 7 años de tensiones con el país galo, que culminó con la liberación de la francesa que purgaría 60 años en la cárcel, resultado de las fuertes presiones a las que se vio sujeto el gobierno mexicano por el francés, provocando que se revisara todo el proceso, y finalmente gracias a un amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó liberada.
El caso de Édgar Tamayo en nuestro país también tuvo una serie de irregularidades, tal vez mayores a las que tuvo en nuestro país el de Cassez, sin embargo, como señalara en una misiva el propio condenado a muerte, las autoridades mexicanas prácticamente lo abandonaron a su suerte, “Son puras pinches mentiras con esta gente y la SRE no hacen nada y tampoco los D.H.», afirmó Tamayo en la carta que envió a la Confederación de Asociaciones y Clubes de Morelenses, y no le faltaba razón, ya que acusó que tenía “años” pidiendo a las autoridades del consulado una copia de los reportes que envían a México sobre las visitas que le hacían una vez por mes, y “nunca me lo han mandado”, según se quejó en la citada misiva.
Es decir, nunca escuchamos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de Gobernación alguna declaración enérgica dirigida hacia el gobierno estadunidense, o a los órganos de impartición de justicia competentes en aquel país para exigir una revisión del proceso, que según se documenta, el 31 de enero de 1994, Tamayo y su amigo Jesús Mendoza fueron detenidos al salir de una fiesta, esposados y metidos a una patrulla por el policía Guy P. Gaddis, luego de que Mendoza presuntamente perpetrara un robo contra un ciudadano estadunidense.
El policía hizo una parada y al regresar al vehículo recibió tres disparos por la espalda, sin embargo, el arma con la que se hicieron los disparos fue encontrada en la parte de atrás de la patrulla, no en posesión de los detenidos ni con sus huellas dactilares, además, a Tamayo Arias se le realizó la «prueba de Harrison» para detectar residuos de explosivos tras una detonación de arma de fuego, y ésta resultó negativa, otro factor es que el acusado no recordaba lo sucedido por el grado de alcohol que tenía, de acuerdo con Pablo Castro, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubes de Morelenses de Estados Unidos y Canadá, uno de los activistas que hizo campaña para evitar su ejecución.
En las declaraciones contenidas en sus expedientes, Tamayo admitió haber matado al policía por no haberlo dejado hablar con su esposa, sin embargo, el mexicano no dominaba el idioma inglés por lo que no pudo comprender y contestar correctamente los cuestionamientos que le hacían, todo ello sucedía sin ninguna asesoría consular, a la que por ley tiene derecho, a pesar de que Édgar padecía discapacidad mental debido a un accidente, según sus abogados.
Todos estos factores eran más que suficientes para dudar de la sentencia donde fue condenado a muerte por los hechos del 31 de enero de 1994, por lo que en su momento, el Estado mexicano, y organizaciones Mexicanas de Derechos humanos debieron de actuar enérgicamente, y presionar en las instancias competentes para que se revisara el proceso y de esta manera haber defendido a nuestro connacional como todos nosotros lo merecemos, con todo el poder del estado, como en su momento lo hizo el estado francés para proteger y así lograr liberar a Florence Cassez.
Sin embargo, ¿qué se puede esperar de este régimen que hace caso omiso de violaciones de derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad? Hay decenas de miles de muertos, y cientos de miles de desplazados a causa de la violencia asociada a las drogas. Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas son responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero requieren la complicidad de funcionarios públicos.
El sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias, y aproximadamente 98% de los delitos quedan impunes. La población indígena siempre está en riesgo de ser sometida a procedimientos penales injustos. Los migrantes en tránsito son objeto de secuestros, violaciones y trata de personas. Periodistas y activistas de derechos humanos son asesinados, atacados o amenazados. La violencia contra mujeres y niñas aún es generalizada y siguen impunes los responsables por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.
Esto se ve reflejado con el hecho de que 207 municipios del país están en condición ya de Estado Fallido, donde impera el poder del crimen organizado o de autodefensas que ponen el orden ante un estado ausente, un estado priísta inútil para gobernar o proteger a su gente, por lo que su intervención en el caso de Édgar Tamayo en los Estados Unidos sólo es un reflejo de su incapacidad, de su corrupción e inutilidad, esta es la realidad del PRI tras el oropel mediático y de marketing que ya no podemos permitir por más tiempo.
*Coordinador de la Comisión Operativa
Estatal de Movimiento Ciudadano
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