■ Pérdida de confianza debe señalarse con elementos objetivos; “no se trata de caprichos”, afirma
Con la decisión del alcalde Benjamín Medrano de destituir ilegalmente al contralor Omar Carrera por haber dado a conocer desvíos de recursos y la intención de nombrar él mismo al titular de la Contraloría, pareciera que en Fresnillo se vive una democracia autoritaria; es decir, un gobierno que surgió de procesos electorales, pero recurre a mecanismos de corrupción o al uso autoritario del poder para tomar decisiones no apegadas a la ley sino a capricho, opinó Juan Francisco Valerio Quintero.
El docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) cuestionó como el alcalde anunció que él presentará la propuesta del nuevo contralor, además aseveró que éste no es un fiscalizador sino que esa función le compete exclusivamente a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De entrada Valerio señaló que es ilegal la destitución de un contralor por haber hecho la denuncia, porque el haber dado a conocer la información no es de ninguna manera un síntoma de falta de capacidad profesional como lo asegura el edil. Por contrario cumplió con su obligación.
Respecto del argumento de Medrano de la perdida de la confianza a Carrera, el académico señaló que desde el punto de vista jurídico, la pérdida de confianza debe ser demostrada a partir de diversas exigencias de orden material; es decir, no falta con que el funcionario declare que le perdió la confianza, sino que debe demostrarlo objetivamente, “no se trata de caprichos”.
De modo que el asunto de Fondo en Fresnillo es que la ley prohíbe a los presidentes distraer los fondos municipales para asuntos distintos para los que fueron etiquetados en el presupuesto de egresos, que de no hacerlo incurrirían en violaciones al principio de legalidad; es decir, si se destituyó al contralor, se debió haber hecho con apego a la ley.
Si bien Medrano negó el uso indebido de fondos para la compra de un vehículo blindado, en la realidad un funcionario público sólo puede hacer lo que expresamente la ley le faculta, de modo que si la camioneta no implicó una desviación de recursos, el edil tiene la obligación moral, jurídica y ética de mostrarle a la ciudadanía dónde estaban previstos los fondos y por quién fueron autorizados para dicho gasto, dijo el académico.
También comentó que el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado establece que la vigilancia, supervisión, control interno, la evaluación de los recursos, aplicación del recurso con estricto apego al presupuesto de egresos y la disciplina presupuestaria estará a cargo de la contraloría municipal, de modo que Medrano está obligado a demostrar sus decisiones en afirmaciones jurídicas concretas y no en dichos ambiguos al vacío.
El alcalde priísta por otro lado ha dicho que él nombrará al nuevo contralor municipal, a lo que Valerio Quintero refirió que en el mismo artículo 103, se señala en el primer párrafo que el titular será electo por ayuntamiento a terna propuesta por la primera minoría de integrantes del cabildo como resultado de la pasada elección.
De modo que lo que la ley no faculta al funcionario, no son atribuciones ; “no sé de dónde sacó el presidente municipal que él puede nombrar al contralor, porque su afirmación no tiene sustento jurídico”.
Ante el escenario referido, el catedrático de la UAZ opinó que lo transcurrido en Fresnillo es el reflejo de lo que pasa en otras administraciones municipales del estado (caso de los ayuntamientos donde la contraloría no la tiene la primer minoría), de modo que se debe dar una aplicación no sólo a los ciudadanos de El Mineral, sino a los zacatecanos en general porque es un asunto de interés general.
