Una de las innovaciones en materia de corrupción que irrumpieron con fuerza en la primera década del nuevo siglo, es el surgimiento de una nube de empresas especialistas en gestionar recursos federales para estados, municipios e instituciones de educación superior.
Se trata de empresas integradas por personas de confianza de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuentan con información privilegiada sobre la disponibilidad de recursos y las respectivas reglas y requisitos necesarios para su asignación, que hacen contacto con autoridades desesperadas por obtener recursos frescos, y sin escrúpulos para aceptar el compromiso de adquirir facturas falsas para justificar el desvío de una parte de los recursos hacia las cuentas de tales empresas, que lo único que hicieron fue encontrar el cliente dispuesto a entrar al mundo de la corrupción bajo la dirección de funcionarios venales de la Secretaría de Hacienda.
Durante las últimas semanas se ha actualizado la información sobre una nueva modalidad de lo anterior, pero ahora con la participación de los diputados encargados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Diversas voces panistas, destacadamente el senador Cordero, ex secretario de Hacienda, han acusado públicamente a un grupo de legisladores encabezados por su colega el Senador Madero, también presidente nacional del PAN, y al coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, de haber montado un mecanismo para obtener su comisión o “mochada” en cada partida presupuestal etiquetada por ellos a diversos gobiernos e instituciones.
Y también se ha vuelto a publicar que ni las universidades públicas se han librado de esta plaga de gestores que trafican con sus influencias ante quien tiene el poder de la firma para liberar recursos públicos.
Es evidente que ya existe la información necesaria para iniciar las averiguaciones que conduzcan a castigar ejemplarmente a los involucrados en esta modalidad de tráfico de influencias, casi todos ellos servidores públicos. Lo único que falta es la voluntad política necesaria para proceder, como también es el caso de la compra venta de votos en la anterior Legislatura del estado. Lamentablemente lo que se ve es la total ausencia de dicha voluntad en el país y en las entidades de la República.
Ello ha quedado al desnudo en la situación de Michoacán, donde los pobladores han tomado el toro por los cuernos, se han organizado y actuado en consecuencia ante el hecho indudable de que las instituciones del Estado no les garantizan vida ni propiedades, ante lo cual el pueblo decidió ejercer directamente su soberanía prescindiendo de quienes habían olvidado de que la obligación de los gobernantes es procurar el bienestar del pueblo.
¿Cuándo surgirán mecanismos de ejercicio directo de la soberanía para combatir y castigar la corrupción? Esperemos que las acciones en Michoacán sean inspiradoras.
