El crecimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán empeora con el tiempo y aparentemente Gobierno federal se rige bajo el principio de laisser faire. Si el secretario de Gobernación tuviera en sus manos una lista de los temas prioritarios de riesgo en ella debería de figurar el de atender con prontitud el tema de inseguridad, descomposición social y resquebrajamiento del estado Michoacano.
La historia en Michoacán parece ser una historia que se repite. El inicio del sexenio fue como un déjà vu. En poco tiempo hemos presenciando el crecimiento de las autodefensas y la toma de otro municipio, el resurgimiento de fosas clandestinas, el retorno de bloqueos carreteros y quema de vehículos, el accidente del Dr. Mireles y la nulidad de Gobierno estatal, etcétera.
Mientras que en Baja California, Durango y Sinaloa, la situación ha mejorado gradualmente en el último año y medio, no podemos decir lo mismo de Michoacán, Guerrero y Morelos. Por cuestiones de espacio sólo me detendré a revisar las cifras de los delitos de alto impacto en Michoacán. ¿Cómo va este estado en relación con los años anteriores?
Si vemos las cifras, tanto en homicidios como secuestros se ha crecido sistemáticamente desde 2006, sin que la tendencia se haya revertido en el último año. Por su parte, las extorsiones sufrieron una pequeña disminución que puede deberse a un aumento de la cifra negra o fallas en el reporte de datos.
Si revisamos los totales de las denuncias de los principales delitos en Michoacán entre el primer año de Calderón y el primer año de Peña Nieto, descubrimos que hay un elevado crecimiento de 497% del secuestro y de 360% de robo con violencia en esta entidad. Además, entre el último año de Calderón y el primero de Peña vemos que el secuestro, el homicidio doloso y el robo con violencia presentan tasas elevadas de crecimiento de 38%, 27% y 39% respectivamente.
El robo de vehículos presenta una ligera disminución de 3.7% y la extorsión se redujo considerablemente (-16%) en el mismo periodo, pero podría deberse a otro tipo de factores no relacionados con una estrategia de combate a este delito. En resumen la situación local no es alentadora.
Si bien no se desea revivir una costosa y fallida medida como lo fue el Operativo Conjunto Michoacán, los ajustes a la actual estrategia del gobierno, supuestamente privilegiando la coordinación entre autoridades de distintos niveles, hasta el momento no han permitido observar resultados tangibles en esta entidad.
Para entender el complejo proceso de arraigo de los grupos delictivos en Michoacán, quizá puede ser útil conocer el argumento del sociólogo y profesor de la Universidad de Oxford, Diego Gambetta, quien en su libro titulado La mafia siciliana: el negocio de la protección privada hace un estudio detallado de la lógica que impera detrás del “crimen organizado”.
Gambetta es sin duda uno de los expertos quienes mejor han explicado la estrategia de la mafia en Italia, la “función social” que cumple, así como la forma en que termina por convertirse en una institución informal que regula y controla relaciones y funciones que le corresponden al Estado. Si la protección del Estado falla existe la tentación de recurrir a otros medios o grupos que puedan proveerla, especialmente en un contexto de enfrentamiento entre grupos rivales por el control de regiones y rutas de trasiego de drogas.
Gambetta expone la razón de las mafias criminales y su forma de operar, así como la intrincada red de participación, conveniencia y relaciones que se tejen entre los líderes de las mafias (los capos) y los poderes políticos (partidos, presidentes municipales), jurídicos (los jueces), la iglesia, y por decirlo así, el pueblo llano. Para él, la mafia es fundamentalmente una empresa económica que produce, promueve y vende protección privada, que crece y se multiplica en escenarios con debilidad institucional, poca cohesión social, y muy bajos niveles de confianza en las instituciones del estado.
Algunos puntos del análisis de Gambetta se pueden rescatar para ayudar a la construcción de estrategias de prevención del crimen en México, y en particular en Michoacán. Es preciso diseñar políticas públicas que procuren confianza en las instituciones públicas, fomenten la cohesión social y la participación comunitaria en los temas públicos. Es fundamental el trabajo conjunto entre sociedad e instituciones públicas de seguridad. En el país existen al menos dos ejemplos de ciudades con altísimas tasas de homicidios que hoy caminan hacía mejores destinos: Tijuana y Ciudad Juárez (ya habrá ocasión de hablar en detalle sobre estos dos casos).
En este inicio de año, si podemos hacer una pequeña sugerencia a Gobierno federal es que priorice su atención al tema de inseguridad y crimen organizado en Michoacán, seguido inmediatamente de Guerrero y Morelos. Es probable que lo que fue Tijuana y Juárez para otras administraciones, hoy sea Apatzingán y alrededores, así como Acapulco y regiones aledañas. ■
*Coordinador del Programa de Seguridad
Pública en México Evalúa.
Se realizó con la colaboración de Leonel Fernández,
Lilian Chapa y Leslie Solís para la elaboración de esta entrada.
