■ “Lo que queremos es la certeza de nuestras tierras y dejarles algo a nuestros hijos”: De la Rosa
Su rostro se enrojece con el atardecer, mientras el sol se oculta tras el cerro alto de Santa Olaya. Su mirada permanece fija entre los pinos piñoneros y los cedros que pintan de un verde intenso las colinas del monte.
Esta estampa que tantas veces han admirado los ojos de Roberto de la Rosa Dávila, delegado de la comunidad de Salaverna, es la que da la bienvenida a quienes llegan al imponente valle de Mazapil, una vez que termina la sierra.
Un espacio lleno de recuerdos para los habitantes del lugar. Siendo niño, Roberto jugaba en estas laderas y disfrutaba de la naturaleza que rodeaba la casa de su bisabuelo, construida entre 1850 y 1860 en un pequeño claro del cerro, también conocido como El Bosque, a pocos metros del venero de agua que abastece a la región.
Roberto y otras 20 familias de la comunidad de Salaverna decidieron hacer frente hace varios años a la minera Tayahua, de Grupo Frisco, al rechazar su traslado a la colonia residencial construida por la empresa a unos 5 kilómetros de su población original, teniendo que abandonar así sus hogares.
No obstante, ya no pueden permanecer en sus casas; no después de los daños que estas han sufrido por las detonaciones de la actividad que se realiza en el subsuelo de la población, las cuales hacen vibrar la tierra y los cimientos de los edificios, retumbando entre los cerros.
El delegado comunitario reconoce que “el cambio sí se necesita por las condiciones de riesgo en que ellos (la compañía Tayahua) nos pusieron y ellos deben de resarcirlo de manera que nosotros nos vayamos a un lugar donde nos convenga, no que nos perjudique. Nosotros nada más queremos una cosa similar, vivir en el ambiente que tenemos, con la tranquilidad que tenemos y en una zona rural; no en una colonia que dicen que es tipo residencial”.
El terreno de El Bosque, en el que Roberto contempla la puesta de sol, es la opción perfecta para quienes permanecen en pie de lucha.
Ya han expuesto ante la empresa el deseo de construir sus nuevas viviendas en este terreno e, incluso desde el año 2005, hicieron la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), antes Registro Agrario Nacional (RAN), para fungir como pequeños propietarios de varias parcelas en esta locación.
No obstante, después de ocho años “siguen pendientes los trámites”, comenta el hijo de Roberto, Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, y se frenaron a raíz de que en 2007, dos años después de que ellos iniciaran el proceso, la minera Tayahua también ingresó una solicitud para quedarse con parte de estas tierras.
El hombre de 38 años asegura que “lo que queremos es la certeza de nuestras tierras y dejarles algo a nuestros hijos porque, como decimos aquí, ya pasó la independencia, ya pasó la revolución, y nosotros seguimos en lo mismo, seguimos volando, en el aire. ¿Va a ser necesario hacer otra revolución para poder tener la certeza de nuestras tierras?”.
Su padre, Roberto de la Rosa, recuerda que desde un inicio solicitaron a Grupo Frisco unos solares de 50 por 50 metros, que es la extensión aproximada del terreno en el que viven actualmente. Y el lugar indicado para ellos es el cerro alto de Santa Olaya porque ahí las condiciones son óptimas para mantener su forma de vida.
“Eso es lo único que le hemos pedido como condición a la empresa, lo que pasa es que desgraciadamente no nos ha querido oír, no quiere oír las proposiciones de nosotros, sino imponer lo que ellos dicen. Son impositivos, no se prestan al diálogo”, comenta.
Roberto consigue el sustento diario del cuidado de sus chivas y de las cosechas que obtiene en las 8 hectáreas de frijol y avena que siembra.
Además, la agricultura y la ganadería se convirtieron en actividades todavía más necesarias después de que varias personas que trabajaban en la minera Tayahua fueron despedidas al negarse a aceptar el traslado al nuevo fraccionamiento.
Falta de servicios, presión para abandonar sus hogares
Este cese de labores afectó, por ejemplo, al hijo del delegado municipal, Roberto Cuauhtémoc, quien se desempeñaba como soldador mecánico en jornadas laborales de unas 10 horas, cobrando un salario de mil 200 pesos semanales con el que debía mantener a su esposa y sus tres hijos.
Él tuvo que abandonar su hogar después de que en diciembre de 2012 se quedaron sin servicio educativo, por lo que se mudó a la comunidad de Santa Olaya para que sus hijos pudieran ir con normalidad a la escuela. Nunca aceptó las casas construidas por la empresa.
De igual forma, los hermanos José Inés Solís Cárdenas y Jorge Solís Cárdenas, quienes habitan en un pequeño grupo de viviendas a las afueras de Salaverna, fueron despedidos por la minera y también sufren la ausencia de un centro educativo en esta población.
Ahora tienen que hacer un trayecto diario, hasta en dos ocasiones, de una media hora para que sus hijos puedan estudiar en la cabecera municipal de Mazapil.
La falta de servicio educativo también orilló a Francisco Javier Contreras Martínez a salir de su vivienda para trasladarse a las casas, semejantes a las de interés social, que construyó la empresa.
Reconoce que esta mudanza fue “por presión” porque “por supuesto quisiéramos haber estado allá todavía luchando como los que están haciendo un esfuerzo grande, defendiendo la tierra, y es algo que tienen un derecho ellos”.
Mientras tanto, las cerca de 60 personas que aún viven en sus casas de piedra y adobe en la población original, aparte de no tener escuela, tampoco gozan de servicio médico ni religioso. Todas estas actividades se trasladaron a la colonia habitacional nueva.
La vida en Nuevo Salaverna
En la entrada del complejo residencial está una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es la Unidad de Medicina Familiar número 14 que atiende a quienes se mudaron a este fraccionamiento, a diferencia de la falta de este servicio que sufren los pobladores que todavía permanecen en la comunidad original.
Tras recorrer un pequeño tramo de calles pavimentadas, se puede ver la escuela construida por la empresa Telmex, propiedad de Carlos Slim, quien es dueño también del Grupo Frisco que opera la minera Tayahua. Antes de este inmueble, se encuentra la iglesia de color amarillo, con los marcos de las ventanas y puertas marrones.
Las fachadas impolutas y brillantes del edificio religioso, contrastan con las enormes grietas, las cuarteaduras en los muros y el deterioro evidente que sufre el templo, ahora abandonado, de la comunidad del Viejo Salaverna.
Sin embargo, no todo reluce en este fraccionamiento. Francisco Javier Contreras lleva un año viviendo en la localidad y todavía no se acostumbra al reducido tamaño de su nuevo hogar.
Este zacatecano trabaja en la tienda Diconsa que hay en la colonia y recuerda que su anterior establecimiento, situado en la población que tuvo que abandonar por falta de servicio educativo, era mucho más amplio, al igual que su casa.
“Allá teníamos una casa muy grande. Aquí no más nos dieron la pura casa, es puro terreno de 200 metros construido. Son tres recámaras, dos baños, una sala comedor y un patio de 3 por 10 metros. Teníamos también una tienda Diconsa y allá estaba muy grande, cabían dos tiendas como esta”, dice comparando los espacios.
Ahora, de su anterior comercio únicamente quedan en pie un muro y el arco de la puerta; el resto sólo son escombros.
Además, indica que también han padecido problemas de abastecimiento de agua, que era un recurso que en el Salaverna nunca les faltó. “Allá sí había mucha agua, (…) no se batallaba”, recuerda Francisco.
Contaminación y abandono en el Viejo Salaverna
Sin embargo, el agua abundante de la que gozan en la antigua comunidad no es como antes. Ya es un líquido que sólo puede utilizarse para uso doméstico, es “no potable”, tal y como se lee en una advertencia escrita sobre el gran depósito azul.
El hijo de Roberto de la Rosa explica que este señalamiento lo pusieron después de que el agua que proviene del manantial de Providencia fuera contaminada, por las actividades de la empresa minera, con sulfato de cobre.
Todavía guardan una muestra del líquido que salió de las llaves de sus casas, ya mezclada con la sustancia nociva. En una pequeña botella de plástico aún conservan el agua de color rojizo y llena de tierra.
Pero no sólo este recurso vital está contaminado, sino que a través del aire también se inhalan sustancias dañinas, por el humo que sale sin cesar de los ocho respiraderos que rodean las viviendas de Salaverna desde hace unos 5 años.
De estas perforaciones, hasta de 800 metros de profundidad, se escapa un humo blanco que es producto de los gases de la pólvora, los contaminantes de los minerales, de los fierros oxidados y del diésel que utilizan en los túneles de la mina.
La proliferación de focos de contaminación, así como la expulsión de pueblos enteros de sus tierras originarias a causa de las diferentes actividades que tienen como objetivo explotar las riquezas del subsuelo mexicano, ya sea mineral, gas o petróleo, es el futuro del país, augura Roberto de la Rosa.
“Vienen compañías extranjeras y han hecho convenios con el gobierno que está ahorita en México para la explotación de gases y los que la vamos a llevar vamos a ser todos los que tenemos la desgracia de estar asentados en la riqueza del subsuelo mexicano. Es Salaverna el reflejo de lo que viene en un futuro para todo México”, lamenta.
Sus manos, ásperas y curtidas por las largas horas de trabajo en la mina hace ya décadas y por las actuales labores en el campo, acarician suavemente una pequeña piedra que el hombre de 62 años recogió del terreno de El Bosque, desde donde observa el atardecer en el cerro alto de Santa Olaya.
Con la voz rasgada por la amargura, pero aún firme, Roberto tiene claro el llamado que haría a todos quienes están padeciendo la misma situación que en Salaverna o que pueden llegar a sufrirla en un futuro que no está muy lejano: “Que se defiendan. Nomás hay una madre: la tierra”.
