El 5 de junio de 2009 Hermosillo Sonora cobró especial relevancia a nivel internacional por el incendio que se generó en la Guardería ABC, el cual costó la vida a 49 niños y dejó heridos a 76 más. Sin embargo la historia de impunidad, omisiones e irregularidades no comenzó con la pérdida de vidas humanas, sino con el fuego que inició en la bodega de archivos estatales que se ubicaba a un lado de las instalaciones de la guardería, y la cual no estaba adecuadamente aislada; siguió con las omisiones del centro escolar al no contar con salidas de emergencia apropiadas, carecer de extintores y detectores de humo, lo que contribuyó de manera decisiva a la muerte de los infantes.
Pese al revuelo de los medios de comunicación durante los días que siguieron al siniestro, y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la relación de 19 funcionarios con los hechos, únicamente se consiguió encarcelar a Delia Irene Botello Amante, coordinadora de zona de las Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual, no obstante, fue liberada recientemente tras pagar una fianza de mil 500 pesos y protegida por el concepto legal denominado “incidente de libertad por desvanecimiento de datos”.
Dicha liberación desencadenó limitadas manifestaciones públicas y una lánguida inconformidad en las redes sociales, vigorizada principalmente por los familiares de los pequeños fallecidos y por algunos ciudadanos que simpatizan con el sufrimiento de las víctimas, pero la estela de impunidad y franco tortuguismo de las autoridades en estos hechos es comprensible no sólo por su vocación de proceder de manera torpe (lo que a ciencia cierta es ya una tradición en los ministerios públicos mexicanos y en la impartición de justicia que debieran brindar), sino por su parcialidad al absolver desde un tribunal federal a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las dueñas de la guardería ABC y prima de la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
En el colmo del absurdo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó en 2012 un premio al ex presidente Felipe Calderón por el programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo que resulta un insulto a los familiares de los niños fallecidos en tanto no se han deslindado responsabilidades, además de que la postura del gobierno ha sido la de controlar su inconformidad con falsas promesas y un significativo proteccionismo a los involucrados en los hechos.
Sin embargo el reconocimiento de la ONU también contrasta con el hecho de que en México cuatro de cada cinco madres solteras no tienen acceso a guarderías, ello pese a que casi 20 millones de estas mujeres forman parte de la población económicamente activa, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta situación orilla a miles de niños mexicanos a pasar sus días al cuidado obligado de familiares, y en el peor de los casos a deambular a temprana edad en las calles como pequeños eslabones de una cadena de trabajo que se inicia estirando la mano para pedir limosna y concluye en la limpieza de parabrisas, haciendo malabares y otras improvisadas labores para obtener dinero. Las autoridades federales reconocen que esta realidad abarca a más de 3 millones y medio de pequeños de entre 5 y 17 años de edad.
Sin embargo al interior de las guarderías la situación no es mucho mejor, pues de 3 mil estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social que han sido evaluadas en el tema de protección civil, más de la mitad presentó irregularidades durante 2013, lo que es sumamente grave si se considera que justo por esta falla la Guardería ABC se incendió como lo hizo.
Prueba de lo delicado de la situación es que pese al supuesto reforzamiento en materia de prevención y seguridad en dichas estancias, durante ese mismo año se registraron las muertes de dos infantes en los estados de Jalisco y Campeche, ambas asociadas a las deficiencias de las guarderías a las que asistían. De manera paralela a esta situación va en aumento el número de guarderías privadas, las cuales imponen un filtro acorde a la capacidad de pago de los padres de familia para brindar el servicio, además de que los contratos irregulares se han dado bajo la lógica del compadrazgo y el oportunismo.
Este último punto no es menor, pues en su momento hizo que Daniel Karam, en calidad de director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se comprometiera a terminar con este tipo de contratos, los cuales beneficiaron por cierto al propio ex secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Zacatecas, Nicolás Castañeda, así como a María Teresa Zambada Niebla, hija del Mayo Zambada, importante capo del cártel de Sinaloa.
Así, políticos, empresarios y hasta presuntos familiares de narcotraficantes se han beneficiado de la subrogación de guarderías mexicanas, lo que refleja la intención de verlas no como organismos orientados al bien público, sino principalmente como una forma de obtener ganancias.
Es claro que el tema no se agota con la liberación o retención de una de las inculpadas por el incendio de la guardería, sino que se asocia fuertemente con la parcial o nula impartición de justicia en México, así como con el proteccionismo que el gobierno mexicano brinda a personajes de dudosa moral y capacidad para hacerse responsables de las estancias. Hoy por hoy, Gobierno federal sigue omitiendo su obligación de brindar seguridad y garantías mínimas a sus ciudadanos, y por el contrario abre espacios a la vocación de acumular riqueza, incluso a costa de la vida de infantes. ■
