La diferencia entre quienes se informan y están pendientes de los asuntos públicos, y quienes se niegan a ver noticias, a leer periódicos y a estar enterados con el argumento de que no se quieren amargar la vida, es que los primeros se enojan antes, con frecuencia luchan por evitar lo que les perjudica, y cuando es inevitable, toman previsiones.
Los segundos no evitan la realidad, pero la posponen hasta que se presenta por sí misma, y se enteran que hace unos meses se decidió una reforma cuyos efectos ya llegaron a sus bolsillos.
Así, sin saber a quién culpar, los que viajaron supieron que el regreso de sus vacaciones, o a los lugares donde estudian y trabajan costará 16% más debido al impuesto establecido en el transporte foráneo. Los automovilistas quizá ya ni se enteraron, el aumento al precio de la gasolina ya no es noticia, es mensual, y hasta ahora los corajes individuales no han podido desembocar en acciones organizadas.
Con el pretexto de combatir los problemas de obesidad comunes en nuestro país, se estrenaron algunos impuestos: uno de ellos el de 8% que se estableció en pan dulce y en alimentos con alto contenido calórico, es decir, a los que tengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, lo cual es frecuente en dulces, galletas, chocolates, nieve, etc. También se estableció un peso adicional por litro para los refrescos y bebidas azucaradas.
Nuestros diputados, paladines de la salud, ignoran quizá los estudios científicos que afirman que la obesidad es consecuencia de la pobreza, como el realizado por el doctor Alejandro Cerda, de la Universidad de la Ciudad de México, que expone que la gente busca satisfacer el hambre con lo primero y más accesible que encuentre, que normalmente son azúcares y harinas, quedando vedados para muchos las proteínas y las verduras.
Pasan por alto también, las investigaciones publicadas en el Journal of Occupational and Environmental Health (Revista de Salud Ocupacional y Ambiental), que señala que el incremento de obesidad y sobrepeso en México es una herencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que masacró al campo mexicano, y que transformó el sistema alimentario de nuestro país.
Según nota de David Brooks publicada en La Jornada el 6 de abril de 2012 (disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/04/06/sociedad/036n1soc): “Al cambiar de manera dramática el carácter de la agricultura mexicana, también cambiaron las pautas de consumo. Las dietas mexicanas giraron de alimentos básicos tradicionales hacia alimentos densos en energía y procesados y alimentos provenientes de animales, los cuales tienden a ser más altos en grasas y dulcificantes adicionales. De hecho, entre 1988 y 1999 –el periodo en que se negoció, firmó y se puso en marcha el TLCAN– la energía diaria promedio obtenida de grasas en México se incrementó de 23.5 por ciento a 30.3, según la investigación. A la vez, también se elevó 6.3 por ciento el insumo de carbohidratos refinadosy el consumo de refrescos también subió 37.2 por ciento.”
No habría tanta irritación social si los impuestos se reflejaran en el gasto social, en los servicios que brinda el Estado, o si se procurara exitosamente el estado de bienestar. Sin embargo, lejos de ello, se piden cuotas “voluntarias” en las escuelas para comprar los más mínimos insumos, los institutos de seguridad social viven desabasto de medicina, y la constante ante cualquier demanda social es “no hay dinero”.
Mientras tanto Peña Nieto viajará en el avión más caro del mundo, con un valor de 750 millones de dólares, el doble de lo que cuesta el de Barack Obama, y suficientes para pagar 98 universidades o 196 preparatorias, 9 hospitales equipados o 19 mil 600 casas. Eso se hace con nuestros impuestos oficialmente… porque otros miles de millones de pesos se van al caño de la corrupción, y sólo tenemos noticias de ellos a través de investigaciones periodísticas que pocas veces son seguidas por investigaciones judiciales.
A eso hay que descontarle lo que sí llega a las instituciones pero no es ejercido, por citar un ejemplo, la Secretaría de Infraestructura de Zacatecas que ejerció solamente 50% de su presupuesto de 2013, lo que significa que aproximadamente mil millones de pesos bien pudieron quedarse en el bolsillo de los contribuyentes o destinarse a otro rubro que sí los aprovechara, la UAZ por ejemplo.
Los próximos años será peor, cuando el petróleo, que aporta 40% del presupuesto de la nación esté en manos privadas gracias a la Reforma Energética de reciente aprobación, habrá que compensar con más impuestos.
Peor será el caso de entidades como Zacatecas, cuyo presupuesto en gran medida depende de los excedentes petroleros que dejarán de ingresar gracias, entre otros, a los flamantes legisladores zacatecanos que votaron a favor de la Reforma Energética y de la Hacendaria. Con ellos y los que los mandan, será el pleito. A las cajeras y tenderos que comparten nuestra desgracia habrá que explicarles, que informándonos a tiempo para organizarnos, algo pudiéramos haber hecho. ■
@luciamedinas
