■ La dependencia federal actúa como “juez y parte”, asegura Roberto de la Rosa
El problema que se está sufriendo en la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, donde la minera Tayahua, propiedad de Carlos Slim, busca desalojar a 20 familias que aún se encuentran residiendo en la localidad, es tan sólo un reflejo de lo que va a pasar en el país con las reformas que se han aprobado en estos meses, como la energética, aseguró Roberto de la Rosa, delegado municipal de esta población.
Expuso que “esto es un reflejo nada más de lo que va a pasar en tiempos venideros si seguimos agachándonos. Que un grupito de gente, unida con las transnacionales, va a decidir y ya está decidiendo el destino de los mexicanos y no lo está haciendo de buena manera, porque nos está quitando nuestras libertades, nuestro modo de movernos en nuestro propio país. Ya no somos dueños ni de nuestro propio campo”.
De la Rosa acudió a la capital del estado este lunes, junto con otros cinco compañeros, para presentarse en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde les citaron para entregarles el dictamen de la denuncia que interpusieron el 23 de abril del presente año por daños ambientales en contra de la compañía minera que opera en las colindancias de Salaverna y que pertenece a Grupo Frisco.
En la resolución que les fue entregada por parte de las autoridades, tras un peritaje realizado en la zona por funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se determinó que en la región que abarca las comunidades de Salaverna, Santa Olaya y Las Majadas, no existen daños en el ecosistema a causa de la actividad de esta empresa.
En concreto, en el documento se exponen como conclusiones que “durante el recorrido por el terreno se detectó que no hay derribo de vegetación en los terrenos forestales” de estas tres localidades y que “no existe daño ambiental a la flora consecuencia de las actividades mineras que se desarrollan en la comunidad de Salaverna”.
También se informa que estas poblaciones no se encuentran en ningún área natural protegida y, por último, que “no se tiene remoción de vegetación en los terrenos forestales que conlleven a la modificación de la vocación del suelo”.
Aparte, se repite en varios párrafos de la resolución que los daños que existen en la zona se deben, además de a la erosión hídrica y eólica, a “actividades mineras antiguas”, entre otras causas.
No obstante, ante este resolutivo, De la Rosa sostuvo que “lo que nosotros sabemos y vemos es que la poca vegetación que hay es vegetación única, que no en cualquier parte se da y la preocupación de nosotros es por el daño que se va a dar en tiempos venideros. (…) Ahora están tumbando palma, están tumbando sotol, están tumbando pino, desgraciadamente”.
Pero agregó que para que este análisis tenga veracidad debe realizarlo un organismo imparcial e independiente pues, como explicó el delegado municipal, “ellos (Profepa y Semarnat) dan los permisos y ellos mismos hacen los peritajes. No se vale. (…) Así no estamos en buenas manos”.
Durante una reunión que mantuvieron los pobladores con líderes de organizaciones sociales, a fin de trazar un plan de acción que les ayude a lograr una solución con beneficios reales para ellos, Roberto de la Rosa reiteró que están a favor de que se generen empleos, pero puntualizó que estas deben ser fuentes de trabajo que verdaderamente se reflejen en un bienestar de las comunidades.
Al respecto, dijo que “si no nos dan, que no nos quiten. Pero aquí nos han quitado lo principal que es la tranquilidad, la paz, el afecto que tenemos con nuestro entorno, nuestro arraigo, el afecto que solamente se tiene con la madre tierra”.
Recordó que las familias que continúan en Salaverna se han negado a mudarse a la comunidad construida por la propia minera, debido a que en estas viviendas no tienen el espacio suficiente para desarrollar las actividades que son el sustento de sus familias, como la ganadería y la agricultura.
Además, aseguró que este nuevo asentamiento está en comodato por parte de la empresa por lo que ni siquiera serían dueños de su predio. Esto, añadió, no es aceptable porque lo que están buscando es una certeza jurídica real sobre sus propiedades para poder tener un patrimonio familiar.
De la Rosa concluyó argumentando que “no somos objetos, somos seres pensantes y creemos que tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y eso es lo que queremos, que se nos respeten nuestras mismas condiciones de vida, y que no se nos trate de manejar como si ellos (los empresarios mineros) fueran nuestros dueños”.
