El carácter presidencial espurio producto de procesos electorales plagados de irregularidades, el continuo embate contra la inconformidad social que incluye violaciones a derechos humanos, y en especial las medidas sistémicas que se han llevado a cabo para seguir vulnerando la condición de precariedad de diversos sectores de la población, han generado una pérdida de legitimidad que Gobierno federal mexicano ha intuido como una seria amenaza.
Esto debido a que dicho fenómeno conlleva que el Ejecutivo nacional no cuente con un mayoritario respaldo social, lo que visto desde la perspectiva teórica de Antonio Gramsci, representa la ausencia de uno de los dos ejes del concepto fuerza-consenso, dupla que es indispensable para que un gobierno implemente las medidas que considere necesarias sin menoscabo del apoyo popular. El vacío de dicho consenso implica que la fuerza cubra ese espacio, lo que para el caso de México es visible en los últimos meses con el robustecimiento de un marco normativo muy agresivo en contra de la disidencia y con el uso de los organismos armados para reprimir a la población, pero también con un oneroso gasto publicitario orientado a convencer a las masas, aspecto en el que se enfoca el presente texto.
Y es que ante la insuficiencia de que los partidos de futbol o las fervorosas peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe distraigan y mitiguen la inconformidad social, Enrique Peña Nieto ha tenido que derrochar enormes cantidades del erario para tratar de convencer a las masas de que es un presidente que no llegó a la silla gracias al fraude electoral, y en segundo término para implementar las reformas estructurales que, en el marco del presente modelo neoliberal, sumen a México todavía más en una situación de explotación y sumisión con respecto del hegemón estadunidense. Con esto Peña Nieto vigoriza un esquema económico-político que se ha concretizado en el país desde 1982, pero también sigue la tradición de Felipe Calderón de regirse bajo la máxima del “haiga sido como haiga sido” al usar el dinero público para generar consenso. Como prueba está que durante su sexenio Calderón gastó en publicidad –principalmente orientada a la Guerra contra el narco- 38 mil 725 millones de pesos, monto que excede en 22.5 por ciento el presupuesto de la actual Cruzada Contra el Hambre, según ha comparado la investigadora Nancy Flores. PRI y PAN mantienen un ejemplar acuerdo tácito en este punto, pues Peña Nieto ha usado, sólo para promover las reformas energética y educativa, 186 millones de pesos en unos cuantos meses, lo que equivale a más de 25 por ciento del gasto en publicidad oficial que tiene asignado, según admite su propio gobierno.
La danza de los números refleja la desesperada tentativa peñanietista por convencer a la población, y contrasta con la inexistente convocatoria por parte del gobierno para que la ciudadanía opine sobre temas que resultan de primer orden para el interés nacional. Pero si las cifras dan cuenta del método de Peña Nieto para revestirse de consenso, el germen de esta publicidad genera un profundo asco por lo que representa, y destacan en este sentido tres aspectos: a) es una publicidad orientada a sectores con un conocimiento mínimo en el tema, y a los cuales en lugar de brindarles datos se les bombardea con argumentos maniqueos aderezados con frases coloquiales b) se trata de una publicidad que no promueve el diálogo, sino que se carga a estigmatizar de facto a quienes están en contra de las reformas peñanietistas y en suma los presenta como ignorantes c) las promesas gubernamentales que se transmiten por radio, televisión e Internet no están sustentadas en datos claros o en un proyecto sólido y orientado al bienestar nacional, aunque la retahíla demagógica que se divulga apunte en esta dirección.
Los entretelones de esto son los acuerdos millonarios en publicidad que se siguen dando a Televisa y TV Azteca, principalmente, y los cuales representan la renovación del nexo entre poderes fácticos y gobierno en el marco de las reformas que México tiene en puerta, así como el sistemático uso de “Peñabots”, que tras perder su “chambita” de operar en contra de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2012, ahora son reactivados para contrarrestar la inconformidad social que se da en las redes sociales. Sin embargo el reluciente pero ilegítimo “consenso de cristal” que sostiene a Peña Nieto también se ha impulsado desde fuera, como demostró la revista estadunidense Foreign Policy, que en su edición anual correspondiente a 2013 rompió un récord de surrealismo al posicionar a Peña Nieto entre los 100 pensadores del año. No sorprende que dicha afirmación esté asociada a las reformas que ha venido impulsando el presidente mexicano, y recuerda las palmaditas en la espalda que desde el exterior se dieron en su momento a un Calderón que sacrificaba a miles de personas en aras de aportar al proyecto de regionalización y seguridad de Estados Unidos la Guerra contra el narco.
Lo cierto es que la descomposición social que actualmente padece México, constituida por la precarización del trabajo, la falta de oportunidades y el incremento de la desigualdad y la pobreza, apunta a que en el futuro próximo será vigorizada por la pérdida de soberanía y fuga de recursos naturales y humanos producto de las reformas de gran calado que Peña Nieto logró concretar, y en el momento en que el agua le llegue al cuello a los sectores que se han mantenido pasivos gracias a la onerosa labor de convencimiento de Gobierno federal, las falsas promesas que hoy permean los tiempos de radio, televisión e Internet difícilmente servirán para mantener al país a flote. ■
