La persistencia de los problemas sociales en el estado de Zacatecas, se debe, entre otros motivos, a la ineficacia de las políticas públicas.
Los gobiernos se proponen gestionar cambios sociales para lograr el bienestar de las personas, provocando algunos cambios sociales para que la población no padezca hambre, esté educada, produzca bienes materiales de vida y despliegue su patrimonio simbólico.
A esas estrategias de cambio, se les denomina “políticas públicas”, las cuales suponen un diagnóstico donde convierten (o enfocan) ciertas circunstancias como problemas, y exponen una teoría causal con la cual piensan elaborar la estrategia que, en nuestro lenguaje, se expresa en un entramado de leyes, programas y proyectos de gobierno. El asunto es que estas ‘políticas’ no están haciendo efecto: no ocurren los resultados o los impactos sociales esperados.
Las circunstancias que convertimos en problemas continúan del mismo tamaño o, incluso han crecido. Por ejemplo, la pobreza no disminuye, la calidad del empleo sigue siendo precaria, la educación persiste en los caminos de la mediocridad, y los factores de morbilidad afectan a mayor población vulnerable, y un largo etcétera.
Y esto es así porque falta un dispositivo esencial en el diseño de las políticas públicas: la evaluación. Este ingrediente es el que sirve para mejorar y corregir los diseños o procesos de implementación que impiden el éxito de los programas o proyectos. Esto es, la evaluación sirve para mejorar.
Y en Zacatecas no hay nadie que realice la esencial actividad de evaluar con rigor y objetividad, y por lo mismo existen programas que ni siquiera cuentan con documento justificatorio, como el caso del programa Sumar; y sin esto no son evaluables, y por tanto, no mejorables.
Ante esta circunstancia es que un equipo de académicos universitarios hizo a la Legislatura actual la propuesta de fundar o crear un Observatorio de Evaluación de Políticas Públicas. Una propuesta sin duda importante para involucrar a la academia en la mejora de los procesos que el Estado lleva a cabo en la solución de los grandes problemas del desarrollo de la entidad.
Contar con un organismo autónomo que elabore evaluaciones y realice recomendaciones precisas de mejora de la intervención estatal (y de la propia sociedad civil), puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de los programas que se emprenden.
Y a su vez, los legisladores pueden tener un insumo precioso para ejercer su función de fiscalizador de las actividades del Ejecutivo y tener criterios objetivos para hacer un presupuesto que sí contribuya a una mayor justicia social en el territorio zacatecano. Por todo ello, sería muy importante que los legisladores y el propio Ejecutivo del estado apoyaran este proyecto de los académicos de la UAZ, y mostraran con ello su genuino interés en impulsar el Desarrollo Humano en Zacatecas.
