En días recientes, el tema de las cuotas de género ha tomado importancia en la agenda pública. El 11 de octubre pasado, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa al respecto, la cual se incluyó en la actual propuesta de reforma política-electoral que ahora revisan los diputados. De igual manera, el 5 de diciembre se llevó a la tribuna de la 61 Legislatura del Estado una iniciativa de reforma que expande los alcances de la propuesta del presidente de la República al plano local, para que del total de candidaturas a diputados y de ayuntamientos, éstas se integren “con 50 por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y 50 por ciento restante con candidatos del género opuesto”. De tal manera, esta reforma resulta excepcional en la historia de México y el Estado.
Abordaré el tema más desde la perspectiva y teoría de la Ciencia Política, dejando un tanto de lado las teorías y discursos de los distintos feminismos. Igualmente, si bien es un hecho que cambiaría el escenario en todo el país, mi intención es enfocarme a lo que podría suceder en el plano local.
Empezando con los conceptos, las cuotas de género son una forma de acción afirmativa (o discriminación positiva) que garantizan una mayor presencia de las mujeres en cargos de elección popular. De esta manera se busca alcanzar la paridad de género y por tanto un mayor impacto de las propuestas que surjan de entre el sector de las mujeres. En el caso concreto del Congreso, se supone que con ello se deliberarán de forma más amplia temas concernientes a la equidad y defensa de sus derechos.
Es en este punto donde surge la siguiente inquietud: ¿Las cuotas de género realmente se traducen en la formulación, promoción y aplicación de programas y leyes que permitan subsanar los efectos perversos que la segregación histórica de la mujer en México ha generado? Basándonos en experiencias internacionales, la respuesta más adecuada sería: no siempre.
Enfoquémonos en las cámaras de representación popular. En el caso de Argentina, uno de los países pioneros en introducir esta herramienta en su legislación, la implementación de las cuotas llevó a un mayor número de mujeres al Congreso, que significó un incremento en el número de iniciativas presentadas en temas referentes a los derechos de la mujer y equidad de género. No obstante, la tasa de aprobación de estas propuestas decayó. De hecho, la probabilidad de que se aprobaran las iniciativas enfocadas en asuntos relevantes para el sector femenino disminuía especialmente cuando era una mujer quien la presentaba.
Por tanto es importante diferenciar entre el mejoramiento en el proceso de articular, apoyar y discutir los intereses de las mujeres, y los resultados que se reflejen en cambios sustanciales en la legislación y las políticas públicas. Una mayor presencia de mujeres en el Congreso no implica necesariamente más leyes y programas públicos para su beneficio.
Con ello tampoco quiero decir que su presencia no es indispensable; la considero necesaria y vital, tan sólo quisiera explicar y matizar mi postura con el siguiente ejemplo: En Estados Unidos, con sólo 18 por ciento de presencia en la cámara baja del congreso en 2013, se tuvo más legislación feminista que en Ruanda, donde las mujeres ocupan 56 por ciento de los asientos en el parlamento. Si bien se pueden esgrimir argumentos culturales e institucionalistas para explicar esas diferencias, son esas mismas diferencias las que podrían aportarnos mayor información para hacer una mejor adecuación a nuestro caso.
Es decir, hay que tener entonces en cuenta otros elementos y variables para hacer efectiva mejoras reales y palpables para la situación de la mujer zacatecana y así no caer en el vicio de que su presencia en el Congreso, en los hechos, se vuelva trivial.
Entre otros, el elemento que considero más trascendente para que exista una evolución en la legislación tanto para las mujeres como otros grupos marginados son las estructuras de poder que imperan dentro de los partidos y en consecuencia, en los grupos parlamentarios en el Congreso.
Mientras los miembros de la cúpula partidista sigan siendo quiénes tengan el monopolio en la nominación de las candidaturas y puedan continuar haciendo uso de la férrea disciplina partidista, a través de su coordinador de bancada, para dictar e imponer una línea, la situación en el Congreso para las mujeres (y en general, para los ciudadanos en su conjunto) va seguir siendo muy parecida.
La estructura de las cuotas de género no significa que las mujeres se integren en un sólo grupo o bloque, lo que sucede es que son absorbidas por el sistema ya existente, dividiéndose según su ideología e intereses personales en los partidos políticos ya consolidados.
Aun con cuotas, las mujeres podrían ser marginadas por los líderes partidistas varones y sus mismos compañeros de fracción. En efecto, hay investigaciones que muestran que los líderes partidistas hombres han segregado a mujeres en comisiones de menor importancia y poco codiciadas, excluyéndolas de deliberaciones y degradando sus opiniones y contribuciones. Estos problemas se agravan en sistemas de partidos donde los líderes tienen un gran control sobre la toma de decisiones del legislador en el plano individual, y ya explicamos que México tiene esta característica.
Si queremos cambios sustanciales en la realidad de la mujer zacatecana, debemos entrar en un debate más serio, con argumentos de fondo y haciendo uso de experiencias ajenas para trazar el mejor camino. Celebro la iniciativa y el interés que han mostrado los legisladores para avanzar en el tema de los derechos de la mujer, sin embargo considero que la sola figura de la cotas es insuficiente; se requiere de abrir los espacios de las candidaturas a una competencia real y de permitirle al legislador servir en verdad a sus representados, no los intereses de los líderes de su partido. ■
@lvazquezs
