Ubicada en la órbita de los arreglos y negociaciones para la controvertida aprobación de la reforma energética, la reforma política que la semana pasada fue aprobada fast track en el Senado de la República a pesar de su importancia e impacto para la vida política institucionalizada del país, sólo representó una carta más de negociación entre PRI y PAN para allanar el robo a la nación de su patrimonio petrolero y eléctrico por parte de este régimen.
Esta “reforma” impulsada en las cámaras por las fracciones del PRI y el PAN fue presentada bajo los argumentos de que: el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al IFE, garantizará la equidad en los procesos electorales. Una de sus principales funciones será la de nombrar a los consejeros estatales con el objeto de favorecer una mayor autonomía de los institutos locales, ahora cooptados por los gobernadores contraviniendo su misión de garantizar la legalidad democrática, según sus impulsores.
Se permitirá la reelección limitada de legisladores federales y se deja a los Congresos locales la facultad de hacer lo propio para sus entidades.
Se establece sin más trámite ni análisis la paridad sustantiva entre los géneros a través de la obligación de los partidos políticos de postular (incluyendo suplentes) 50 por ciento de candidatos hombres y 50 por ciento de candidatas mujeres al Congreso de la Unión.
Se argumenta que habría mejor fiscalización del gasto de los partidos políticos para evitar el dispendio de las campañas electorales y la corrupción en los propios institutos políticos, incorporándose el rebase de tope de campaña como causa de nulidad de la elección, y se aumenta a 3 por ciento el umbral mínimo de votación para que los partidos conserven el registro, además, se compactan en una sola fecha elecciones locales y federales.
Se instituye una ley que regularía la publicidad gubernamental.
Se favorecería la “gobernabilidad democrática” a través de mecanismos como el gobierno de coalición, que se alega, aumentaría la capacidad de acuerdos entre los partidos políticos.
Se decreta autonomía al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social creando un mecanismo autónomo que mida con “total transparencia” el grado de pobreza existente y evaluar con “mayor eficiencia” los programas sociales que llevan a cabo los distintos niveles de gobierno.
Se “fortalecerían” no sabemos cómo, las instituciones encargadas de vigilar, perseguir y sancionar las conductas que puedan constituir delitos y se establece la autonomía del Ministerio Público que se organizará en una Fiscalía General de la República, la cual contará con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, de acuerdo a la versión oficialista.
Más allá de los calificativos favorables sin algún sustento argumentativo, la realidad es que esta reforma contiene variadas indefiniciones y falta de claridad, lo cual puede provocar que se vulnere la certeza jurídica y política, de por sí ya cuestionada en un IFE consolidado, y que cuenta con total claridad y precisión en sus normatividad, además de los aún no cuantificados, pero seguramente onerosos costos de la liquidación del IFE como máxima instancia electoral, y la instauración del INE.
En segundo lugar aún no se ha definido cuál es el status de la credencial de elector que tradicionalmente ha sido la identificación más importante que los mexicanos utilizamos para cualquier trámite, además de sufragar por candidatos, un asunto que no es banal, ya que esto implicaría una gran confusión, que en el mejor de los casos afectará los procesos electorales a celebrarse en 2014 y 2015, donde habrá elecciones en 21 entidades federativas, es decir, habrá una gran discrecionalidad y falta de certeza por todos los actores políticos con todas las implicaciones negativas y posibilidades de fraude posibles, de lo que no se ha dicho nada.
Por otra parte, la gran centralización de facultades que se concentrarán en este nuevo órgano electoral, a pesar de que se conserven los institutos locales, hará más posible la manipulación desde la Federación, gracias también a las inconsistencias e indefiniciones que hay en lo aprobado hasta ahora como parte de la reforma política, no es posible responder al argumento de que los institutos electorales de los estados están bajo el poder de los gobernadores, para ahora ponerlo bajo control del Ejecutivo, y con esto, se eternice la posibilidad del fraude electoral por la injerencia de los intereses políticos del régimen gobernante, es una total incongruencia, no vemos algún recurso normativo que garantice la independencia del Instituto Nacional Electoral de poderes políticos o facticos.
Lo peor es que la reforma política se aprueba en las cámaras bajo el influjo de las negociaciones por la reforma energética, es decir, al servir de moneda de cambio para el PAN, no hubo un verdadero análisis de cada uno de los puntos, incluso, con una opinión pública renuente a la sustitución del IFE por otro organismo, a la que no voltearon a ver ni escuchar sus impulsores del PRI y del PAN, mucho menos a las voces de legisladores que realizaron argumentaciones sólidas y validas contra dichas reformas, es decir, se convierte en una reforma que antes de nacer ya tiene el sello de la ilegitimidad y de la imposición, y el propósito de perpetuar el régimen federal de sello priísta-salinista, también ilegitimo e impuesto a la fuerza por el poder económico de los poderes fácticos, ¿cuánto más soportará la gente? ■
