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miércoles, 24 abril, 2024
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Denuncian desplazados de Banvil al fiscal indígena por presunta corrupción

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Por: La Jornada •

San Cristóbal de las Casas, Chis. Al cumplirse dos años del ataque sufrido en Banavil, municipio de Tenejapa, contra cuatro familias tzeltales simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), éstas denunciaron al Fiscal Especializado Indígena, Cristóbal Hernández López, de corrupción y complicidad con el grupo criminal contra el cual existen 13 órdenes de aprehensión que, desacatando la orden del juez, nunca se han cumplido. También reiteraron su denuncia contra el grupo de militantes priístas que los agredió, secuestró y desapareció al señor Alonso López Luna. Sus hijos Lorenzo, Petrona y Miguel López Girón fueron desplazados violentamente junto con sus respectivas familias.

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En aquellos hechos, el 4 de diciembre de 2011, falleció Pedro Méndez López, del grupo agresor, y resultaron heridas seis personas. «Fuimos agredidos con armas de fuego, desplazados, encarcelados, perseguidos como criminales, objeto de burla de las autoridades, todo por ser indígenas», dijeron este jueves en conferencia de prensa acompañados de su abogado Javier Narváez Morales, quien sostuvo que la fiscalía indígena «es la institución más corrupta» de esta ciudad. Los indígenas, a su vez, dijeron: «Le ofrecen dinero al fiscal y él lo acepta».

Añadieron: «Los priístas y caciques del paraje Banavil están en contra de nosotros por ser simpatizantes del EZLN y porque no creemos en el mal gobierno sino en la lucha. En 2007 nos empezaron a agredir. Desde entonces pusimos varias denuncias ante la Fiscalía. Ninguna procedió. Los agresores pasean en las calles riéndose y burlándose de nosotros, hasta el grado de que trabajan en la presidencia municipal de Tenejapa».

Tras el último ataque «iniciamos nuevas denuncias que nada más no proceden pues hay mucha complicidad del fiscal especializado; no sólo lo decimos nosotros, hay más personas que han reclamado por la mala función de este señor, que no tiene corazón para atender los problemas de los pueblos, sólo está para ver cómo se matan los indígenas, recoger los cuerpos de los muertos y encarcelar a las víctimas».

Así ocurrió con Lorenzo López Girón, quien herido de bala fue encarcelado cuatro meses. Francisco Santiz, base de apoyo del EZLN, quien ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, estuvo preso más de un año como rehén del gobierno. Aún existen órdenes de aprehensión contra dos desplazados más y su padre Alonso, aunque «las autoridades lo dan como muerto».

«Llevamos 730 días sin ser tomados en cuenta viviendo en condiciones inhumanas», mientras el fiscal Hernández López «respalda los asesinos». Exigen la devolución de sus tierras y casas «que están abandonadas y cosas que robaron». El comandante de policía Judicial Especializado ha argumentado estar «saturado de trabajo», para no cumplir con el amparo de homicidio de López Luna. «Exigimos que nos digan dónde está el resto del cuerpo de nuestro papá. Los asesinos están libres y no hubo castigo ni pisaron la cárcel».

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señaló que la agresión armada en Banavil, «perpetrada por integrantes del Partido Revolucionario Institucional» provocó que cuatro familias (14 personas) «se encuentren en condiciones inhumanas en San Cristóbal de Las Casas, en hacinamiento, insalubridad, sin acceso a servicio médico ni suministro de agua potable, expuestos a la intemperie».

Hace más de un año se inició el acta administrativa 460/1N7A-T1/2012, radicada en la Fiscalía de Justicia Indígena, por el delito de despojo, pero nunca se le ha dado trámite. En el ámbito jurídico los avances han sido insuficientes, las investigaciones no se dieron de manera imparcial, seria, exhaustiva y de los expedientes 78/2012 y 42/2011, en los que se giraron 13 órdenes de aprehensión, por la desaparición forzada de Alonso López Luna, no se han ejecutado».

En cambio, «se acusa a las víctimas de las agresiones» y existen órdenes de aprehensión contra el desaparecido López Luna, y sus hijos Pedro y Antonio López Girón. El Frayba exige condiciones para «el pronto retorno de las cuatro familias» y el encarcelamiento de los asesinos.

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