En 2009 diversas organizaciones propusieron una Ley de Educación para el Estado que quedó en la congeladora. Cuatro años después se convoca a la realización de foros para construir otra ley de educación para la entidad, en una circunstancia muy diferente: esta ley se dará en el contexto de la llamada Reforma Educativa Federal (REF), de manera que hay dos expectativas muy diferentes: los maestros institucionales pretenderán la continuidad mecánica de la REF y el magisterio disidente querrá una ley que minimice los efectos negativos de la misma.
Los temas a debate serán aquellos que tienen que ver con la seguridad en el empleo de los docentes, sobre lo que Gobierno del Estado pueda hacer en infraestructura educativa, y en relación a la gratuidad en la educación.
En otras palabras, el debate que se dio cuando el movimiento magisterial levantó su protesta con la firma de un par de minutas; pero ahora será más intenso y con consecuencias directas en la forma de plantear los artículos de la ley educativa del estado.
Recordemos que la Ley del Servicio Profesional Docente, y la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sólo dejan a los estados roles de operación de decisiones que toman esas instancias a nivel nacional; por tanto, la pregunta central es, ¿qué margen de maniobra ofrece la normatividad estatal de educación para paliar los efectos negativos de la reforma educativa? Parece ser que muy pocos. Se requerirá de una gran creatividad para que los profesores disidentes puedan armar una propuesta que logre este objetivo. Además, que el tiempo que establecieron para los foros y la integración de propuestas es extremadamente corto, al grado que se antoja que con esa limitación de tiempo estén imposibilitados para lograrlo.
Sin embargo, los profesores están actuando: han llamado a las mejores mentes de investigación educativa del país para llevar a cabo asesorías intensivas, esperando que en la reflexión con estos, puedan sacar una propuesta viable y argumentada. Van remando con la corriente y el viento en contra. Deberán trabajar definiciones de calidad educativa alternas no contradictorias con el texto constitucional y leyes federales y proponer estrategias de calidad complementarias a las nacionales, y a su vez, poner a la consideración de la legislatura local la creación de una arquitectura institucional que haga posible la participación de los docentes y padres de familia en la toma de decisiones y la ejecución de la acciones.
Todo lo cual, cuadrado con el presupuesto disponible, con la mayoría de los legisladores alineados con la REF. A menos que democraticen la decisión de la ley a través del Congreso sobre Educación propuesto, con carácter de vinculante.
En suma, es una tarea difícil, ardua e intensiva. Esperamos que de estos foros efectivamente resulten propuestas para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, y no sean sólo una copia de la lógica contenida en las leyes federales.
