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jueves, 28 marzo, 2024
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La corrupción y la agenda modernizadora del país

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Por: MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ •

La corrupción, entendida como el mal uso de un puesto público para la obtención de una ganancia privada, tiene efectos negativos para la sociedad en su conjunto. Un breve recuento de casos emblemáticos de corrupción en todos los niveles y poderes públicos de México, ilustran el tamaño del problema al que nos enfrentamos como sociedad de tiempo atrás, y al que hasta hoy, las jóvenes instituciones democráticas del país han sido incapaces de combatir eficazmente:

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1.”Yo no soy la Virgen de Guadalupe, si fuera la Virgen de Guadalupe, Dios me tendría en un pinche nicho en una iglesia, y era Santa Elisa, y persígnense cabrones. No soy Santa Elisa, soy una mujer que le ha costado mucho trabajar por el bien de la sociedad, tampoco les digo ‘ay no, yo soy la que no…’, ni madres, agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo, no sean culeros, hagamos lo que tengamos que hacer”, con estas palabras se expresaba hace algunas semanas la hoy ex regidora priísta de Guadalajara hacia colaboradores del municipio, a quienes presuntamente regañaba por no serle leales y no repartir con ella los dividendos respectivos en la administración de panteones de la capital. En el audio se ejemplifica, consistente con la visión de que los puestos públicos son para los beneficios privados, que la política tricolor abiertamente señala que la selección del personal en puestos administrativos, clave del municipio, se hizo con base en criterios de pertenencia política que compensa los esfuerzos de campaña y no bajo criterios de experiencia, preparación y probidad.

  1. Los diputados federales en San Lázaro se han autorizado 5 mil millones de pesos para el financiamiento de proyectos “sociales”, en los que, en teoría, cada diputado tendrá 10 millones para su distribución en aquellos rubros que considere necesario. No hay reglas de operación sobre el ejercicio de estos recursos. Se dice que serán para el financiamiento de carreteras, mejoramiento de escuelas, dotación de despensas en los distritos de los legisladores, etc. Mera especulación, ya que el detalle de los proyectos que se tienen contemplados es opaco. En la caja negra del presupuesto —como lo hemos documentado en México Evalúa— hay espacios amplios para la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos. Lamentablemente, a quienes se les ha exhortado a ser los campeones al frente de los esfuerzos para darle transparencia al presupuesto de la Federación, ilustran en los hechos su desinterés en la materia, por más discursos y declaraciones que hagan a favor de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

  2. A esto se agrega la denuncia de diversos presidentes y ex presidentes municipales de ser víctimas de extorsión por parte de los legisladores, quienes a partir de una cuota “compensatoria”, “moche”, “diezmo” o como se le quiere llamar, etiquetan recursos a favor de aquellos gobernantes que acepten el sistema de pago a cambio de apoyos presupuestales. El coordinador panista, Luis Alberto Villareal, ha sido señalado como uno de los principales diputados que han incurrido en este tipo de prácticas. Y aunque para su compañero legislador, el senador tricolor Emilio Gamboa estos son “chismes” y que en caso dado se debe presentar la denuncia contra todo aquel que haya incurrido en una práctica de esta naturaleza, lo cierto es que no se ha iniciado investigación alguna sobre Villareal y sobre ningún legislador más allá de tintes partidistas.

En los próximos días se discutirá y probablemente se aprobará una reforma energética sin que hasta ahora se hayan implementado políticas de combate frontal con resultados sustantivos en contra de la corrupción al interior de Pemex, empresa que se pretende y se debe modernizar. Pero la modernización de una empresa clave como la petrolera cuando tiene enquistada la corrupción en su interior, pareciera un despropósito. No importa, su líder sindical Romero Deschamps votará con toda tranquilidad a favor de la propuesta gubernamental, pese a la documentación de los excesos de riqueza propia y familiar no respaldada por sus honorarios como funcionario público y líder sindical. Parece tener la confianza que no se le perseguirá por corrupción.

El listado de los actos de corrupción resulta desalentadoramente largo. Por ello es sorprendente que la discusión de la denominada comisión anticorrupción para sustituir a la Secretaría de la Función Pública se haya pospuesto por tanto tiempo. Todo funcionario en el gabinete hace declaraciones sobre los beneficios de la reforma energética y lo hizo en su momento a favor de la hacendaria como motores esenciales para el crecimiento económico del país. Los promotores de estas reformas olvidan que el motor se puede desvielar por recurrentes actos de corrupción que dificultan su funcionamiento. Sin embargo, en el discurso gubernamental y en las prioridades legislativas, los esfuerzos para diseñar instituciones más efectivas para el combate de la corrupción están ausentes.

Acotar esta práctica en el país debe ser una prioridad de los gobernantes y la sociedad en su conjunto. El precio colectivo que pagamos por su aceptación es oneroso. En la modernización del país en materia educativa, de salud, hacendaria, energética, de combate contra el hambre y disminución de la pobreza, en el desarrollo de la infraestructura, en la licitación de nuevas televisoras, en la depuración de las policías y el combate contra el crimen organizado, entre otros cambios que se buscan implementar en México, si no se toman en serio las medidas para avanzar en la reducción de la corrupción, los esfuerzos se verán frustrados y la desilusión del “mexicandream” será profunda. ■

*Director de investigación

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