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jueves, 28 marzo, 2024
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Distancia entre autoridades y ciudadanos, tendencia que se acentúa

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Por: JORGE A. VÁZQUEZ VALDEZ •

Los pasados días se registraron dos acontecimientos separados por el lugar y el momento en que tuvieron lugar, pero permanecen vinculados por la lógica que el presente Gobierno federal ha impuesto en la relación sociedad civil-autoridades: el desfile militar para conmemorar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana, y un ajuste normativo para acotar a la disidencia ciudadana que se manifiesta en espacios públicos.

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El desfile militar, llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, vio opacada su legitimidad debido a que de ser un acto orientado a fortalecer el sentido patriótico colectivo, pasó a ser un evento VIP para la milicia, sus familiares y Enrique Peña Nieto. El pueblo, año con año convocado a disfrutar la marcha de las fuerzas armadas, este 2013 fue obligado a quedarse fuera del Zócalo capitalino, espacio público por antonomasia, y el cual lució cercado por los militares. El acontecimiento contribuye a seguir ensanchando la brecha que ya existe entre el Ejército y la población, especialmente en el marco de la Guerra contra el narco, pues debido a que las fuerzas armadas han sido obligadas a cumplir con funciones de policía, las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los hombres de uniforme verde olivo no han cesado. El desfile representó un acto estéril y ofensivo si se considera que el germen de esta conmemoración es la lucha y espíritu revolucionario que nos dieron patria, y la piedra angular sobre la que giran 103 años de historia es precisamente el pueblo que luchó contra una tiranía presidencial para que hoy podamos tener –al menos en el papel- derechos y garantías como ciudadanos.

Sin embargo la ironía no se agota con la exclusión de los habitantes del Distrito Federal, pues el anuncio del desfile, dado con menos de 24 horas de anticipación por las autoridades, generó múltiples inconvenientes a turistas, comerciantes del primer cuadro de la ciudad e incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde hubo un cierre parcial obligado debido al sobrevuelo de naves militares que perjudicó a miles de personas y cerca de 157 vuelos comerciales. Hace apenas unas semanas, en el marco del “plantón” de los maestros concentrados en la capital del país para protestar por la Reforma Educativa, también se registró una afectación a los viajeros y algunas líneas comerciales, pero una diferencia muy sugerente entre ambos hechos es la cobertura que los medios afines al Gobierno federal (particularmente el duopolio televisivo) les brindaron, pues en el caso de la protesta de los profesores, dichos medios de información no tuvieron reparo en rasgarse las vestiduras para dar la nota de los “severos daños” que provocaron los maestros, mientras que en el caso de un desfile a todas luces disociado del pueblo y de efectos negativos para algunos comerciantes, habitantes del DF y turistas, el mutismo y los datos a modo fueron el común denominador.

El segundo de estos hechos es la aprobación en la Asamblea Legislativa para que el Código Penal del Distrito Federal aumente 50 por ciento las penas en contra de quienes durante una manifestación “agredan o provoquen lesiones” a policías que vigilen mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento. Llama la atención –aunque ya no sorprende- que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, tanto por su formación en Derecho como por su presunta filiación a la izquierda, mantenga su posición de pasividad ante una medida que en el fondo no obedece al bien público, sino a la intencionalidad política de cuartear la presente inconformidad social que se expresa en las calles.

La Asamblea actuó bajo el argumento de que se pretende evitar que se sigan dañando comercios y aminorar los hechos de violencia que se han registrado a últimas fechas en las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal. Sin embargo los asambleístas legislaron o desde su ignorancia o desde la omisión, pues es bien conocida la fórmula gubernamental (implementada por el PRI gobierno y adoptada intermitentemente por el PRD y el PAN) de infiltrar porros, policías e incluso paramilitares para generar actos de violencia. Uno de los mejores botones de muestra de esto es el halconazo de 1971 perpetrado por el gobierno priísta de Luis Echeverría Alvarez, sin embargo el hecho se ha repetido sistemáticamente en el Distrito Federal en diversas manifestaciones y años.

Cabe hacer hincapié en que la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser condenada y limitada desde los marcos jurídicos, eso no se cuestiona en este texto. Lo que sí debe cuestionarse es la aplicación de una pena de hasta ocho años de prisión contra ciudadanos cuando hay múltiples evidencias de los abusos de granaderos y policías en contra de manifestantes: detenciones injustificadas de personas por el simple hecho de participar en un mitin; denuncias de jovencitas universitarias manoseadas en los camiones en que son transportadas a los separos policiacos para posteriormente ser violadas en estos lugares; disparos de gas lacrimógeno por parte de los granaderos a los rostros de los manifestantes, cuando ello está prohibido; informes y declaraciones de autoridades involucradas en grescas contra los disidentes que resultan totalmente contradictorias; procesos penales tapizados de irregularidades y delitos prefabricados. La lista de arbitrariedades por parte de granaderos y policías es larga, y bajo la “carta blanca” que desde Gobierno federal se les otorga para amedrentar y abusar de la población, las marchas y plantones se convierten en “tierra de nadie”, donde ahora cualquier ciudadano puede hacerse acreedor a pasar ocho años en prisión si se le acusa de agredir a un uniformado. ■

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