El ascenso al poder en México ha tenido distintas vías a lo largo de nuestra breve historia como Nación, después del movimiento de Independencia.
La lucha por el ascenso al poder después de la entrada del triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en septiembre de 1821, desembocó en una serie de revueltas, asonadas, golpes de timón y traiciones que generaron una gran turbulencia e inestabilidad política en un país desgarrado y desgastado por las guerras intestinas.
Las armas fueron la forma de conquista del poder en nuestro país y la vía para que llegara la dictadura, como una forma de gobierno centralista y autoritario, que permitía la presencia de organizaciones políticas para mantener la estabilidad y dar legitimidad a un longevo gobierno, el de Porfirio Díaz.
Sin embargo las elecciones de 1910 generaron una gran expectativa entre los mexicanos que veían en el fundador del Partido Nacional Antirreleccionista, Francisco I Madero, al hombre popular que podría ganar las elecciones a Díaz. No sucedió así debido al fraude electoral que desembocó en la Revolución Mexicana.
Nuevamente, después de un siglo de lograr la independencia, los mexicanos toman las armas para destituir no sólo a un dictador, sino implementar una forma diferente de gobierno en el país.
Las armas fueron la vía de ascenso al poder.
La Revolución Mexicana recientemente cumplió una centuria de su inicio y la democracia en nuestro país apenas comienza su camino.
Los triunfadores de la Revolución Mexicana fundaron un partido político, el Partido Nacional Revolucionario (1929-1938), antecedente del Partido Revolucionario Institucional (1946), que gobernó hasta el año 2000, dando paso a la alternancia política. Hoy está de regreso a Los Pinos.
El sistema de partido único en el país dio paso a una forma de ascenso al poder y de control ciudadano en los procesos electorales generalmente fraudulentos.
El sistema político prevaleciente tenía el control de las instituciones y por ende de los procesos electorales.
Fue hasta 1977 con la Reforma Política que impulsó Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación en el sexenio de José López Portillo, la que permitió iniciar el proceso de representación en las cámaras alta y baja de los partidos políticos mediante las candidaturas plurinominales.
Desde entonces tenemos una “Democracia a cuentagotas” en México.
Los gobiernos priístas durante 72 años en el poder fueron “soltando” muy poco la rienda de una democracia representativa, que hoy día no estimula la participación ciudadana en los procesos electorales, y los viejos vicios electorales han sido copiados por los partidos de oposición.
En 1977 la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (la LOPE) sólo otorgaba algunas prerrogativas a los partidos políticos incipientes, como las franquicias postales y telegráficas, los apoyos para tareas editoriales y de impresión de propaganda.
Sin embargo con los cambios legales en 1986 se reglamentó por primera vez el financiamiento a partidos políticos, lo que fue evolucionando en las reformas de 1989, 1990, hasta llegar a la reforma política de 1996 que para muchos constituye el parteaguas para el financiamiento de partidos políticos en nuestro país.
Cabe mencionar que en 1994 los partidos políticos con registro recibieron 181 millones de pesos, en tanto que en el año 2000 la canalización de recursos a partidos políticos aumentó a tres mil millones de pesos.
“Con base en la información proporcionada por el IFE, durante el periodo 2000-2012, han existido en nuestro país 16 partidos políticos nacionales, que han recibido un financiamiento público por 41 mil 244.43 millones de pesos (mdp), de los cuales: 31 mil 547.07mdp han sido para actividades ordinarias; 8 mil 496.05 mdp para actividades extraordinarias; 958.87 mdp para actividades específicas y 242.44 mdp para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de la mujer”.
Durante este periodo, el financiamiento público se distribuyó de la siguiente manera entre los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión:
El PAN obtuvo 10 mil 991.8 mdp;
El PRI obtuvo 11 mil 632.3 mdp;
El PRD obtuvo 6 mil 268.1 mdp;
El PT obtuvo 2 mil 891.9 mdp;
El PVEM obtuvo 3 mil 555.5 mdp;
El MC obtuvo 2 mil 507.2 mdp; y
El PANAL obtuvo 1 mil 530.5 mdp
“Específicamente, para el año 2012, el financiamiento público federal para los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión fue de 5 mil 209.6 mdp, de los cuales: 3 mil 361.12 mdp son para actividades ordinarias; 1 mil 680.56 mdp para actividades extraordinarias; 100.83 mdp para actividades específicas y 67.22 mdp para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de la mujer.
Durante este periodo, 7 partidos políticos han mantenido su representación en el Congreso de la Unión, recibiendo un financiamiento público agregado de 39 mil 377.2 mdp, equivalente al 95.4% del financiamiento público total; asimismo, 9 partidos políticos perdieron su representación, concentrando 1 mil 896.1 mdp, es decir, el 4.6% del financiamiento público total”.
(http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-05-12.pdf)
Los partidos políticos reciben grandes cantidades de dinero año con año. Algunos estudiosos señalan que la democracia es cara, pero que es más caro no financiarla. Sin embargo es dinero público del que no siempre se tiene la certeza de su correcta aplicabilidad, pero además en cada elección las denuncias de compra del voto son cada vez más recurrentes.
En la actualidad una de las actividades de mayor rentabilidad económica es sin duda el registro de un partido político en México, en donde si bien es cierto existe una supervisión por parte de la autoridad electoral, el sistema de fiscalización contiene todavía muchas grietas por las que escapan muchos recursos producto de la discrecionalidad, por decir lo menos.
Los partidos políticos en su conjunto constituyen el elemento legal de ascenso al poder, pero en tan solo 13 años de haber llegado la alternancia, han perdido el origen de su identidad ideológica plasmada en la declaración de principios respectivos, lo que ha dado paso a un pragmatismo en la búsqueda del poder en los estados y en las representaciones de los Congresos federal y estatal, así como en la cámara de Senadores.
Los procesos electorales de antaño ponían en el escenario electoral al partido y su programa, pero en las últimas contiendas electorales son los candidatos y el manejo mediático de las campañas las que constituyen la estrategia fundamental para la obtención del triunfos.
Sin embargo el ciudadano es marginado de los procesos electorales, puesto que los partidos políticos se han convertido en auténticas maquinarias electorales que recurren a todo tipo de instrumentos legales y extralegales, para lograr el poder o el triunfo electoral.
Lo anterior se refleja en los índices de escasa participación ciudadana en los procesos electorales, que rebasan apenas el 50 por ciento de la participación de los ciudadanos registrados en el padrón electoral.
¿Son confiables los partidos políticos?
Si atendemos a los últimos estudios de opinión publicados por distintas empresas de opinión pública, lo concluyente es que los partidos políticos son los peor calificados por los ciudadanos encuestados y por lo tanto no son confiables.
El año pasado la empresa Consulta Mitofsky publicó un estudio de opinión en el que se establece que las instituciones menos confiables para los mexicanos siguen siendo los diputados, los senadores, los sindicatos, la policía y los partidos políticos, organizaciones que siempre han ocupado la última posición en este ranking de credibilidad.
Las recientes reformas electorales en Zacatecas y en el país le dan a los ciudadanos sin partido una oportunidad para participar en los procesos electorales. Seguramente que es una alternativa valiosa e innovadora que irá madurando pese a las desventajas que experimenta frente al sistema de partidos.
Empero es importante fortalecer el sistema de partidos a partir de una alianza auténtica con los ciudadanos, mediante la modificación de prácticas que los han sumido en el descrédito social, como los controles autoritarios, las coordinaciones directivas que solo sirven para eternizar a un grupo en el control de la organización; los acuerdos cupulares sin tomar en cuenta la opinión ciudadana; la ausencia de una ética política; opacidad en el manejo de sus finanzas y corrupción en los procesos electorales.
Son mis reflexiones a propósito del foro de análisis sobre “La confiabilidad en los partidos políticos” que organizó este miércoles 27 de noviembre la vocalía ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Zacatecas. ■
