La transparencia es una exigencia elemental de la democracia. Si los agentes de la democracia representativa no cumplen con un mínimo de transparencia, significa que el agente de la democracia viola aquello para lo cual fue creado. Es equivalente a los policías que son delincuentes; de ese tamaño. No sólo hemos visto el persistente problema de opacidad en los partidos, sino faltas graves en sus sistemas internos de representación y formas de decisión: elitizadas y autoritarias.
Una burocracia profesional se eterniza y toma las grandes decisiones internas y los militantes comunes quedan marginados de las posibilidades de ser nombrados representantes y nunca son consultados sobre los posicionamientos y sobre las propuestas que enarbolan.
Si revisamos la actuación del llamado Pacto por México, ni siquiera los diputados o senadores electos han sido consultados sobre el contenido de los compromisos de este pacto; mucho menos la discusión es llevada a las militancias, y aún menos se preocupan en tomar en cuenta a los ciudadanos comunes. Sin embargo, los partidos políticos (desde 1977) son concebidos como entidades de interés público, por tanto, tienen la obligación de transparentar sus actividades y recursos.
Si estos institutos no representan a la ciudadanía, porque se han convertido en mecanismos que terminan bloqueando la participación de la misma; y si además, fueron creados como una forma de hacer funcional la democracia, e internamente son antidemocráticos; entonces, significa que los partidos políticos hoy actúan contra el objetivo para el que fueron creados, lo que significa que ya no justifican su existencia y deben desaparecer tal como son ahora: debemos repensar todo el sistema de partidos y reconstruirlo desde sus cimientos, pues la crisis que los afecta es muy profunda.
Una oportunidad para repensar el sistema de partidos en México es el contenido de la llamada Ley de Partidos Políticos: la forma en cómo eligen y postulan a sus candidatos, la manera de promover sus candidaturas, los mecanismos de promover la participación política de los ciudadanos, las formas internas de tomar decisiones, la manera en que representarán a los diferentes grupos o sectores sociales, y (por supuesto) las exigencias de poner ante la luz pública sus actividades y el gasto de los recursos públicos con que se les dota.
Pero tenemos una paradoja: son los propios partidos quienes tienen que aprobar esta ley. Lo que esperamos es que hagan uso de la prudencia para realizar los cambios que lleven a refundar el sistema de partidos en México. Los costos de no hacerlo serán muy altos: el retiro de los ciudadanos de la política conduce necesariamente a pensar que el lugar para gestionar los cambios sociales no es ningún sistema de representación política; por tanto, sólo queda el asalto al poder o la retirada de la vida pública; ambas opciones son de graves consecuencias.
