Nos acercamos a la recta final del proceso político correspondiente a la reforma electoral y política. Se tiene previsto para esta misma semana la presentación, discusión y aprobación del dictamen que emane de las mesas de trabajo del Senado de la República.
La tendencia que alcanza a asomar en esta nueva estructura electoral del país, donde no se insistió más en la desaparición de los institutos electorales locales (primera y ambiciosa propuesta, consensuada en el Consejo Rector del Pacto por México), alcanza a demostrar el problema original sobre el cual creció la correlación de fuerzas e intereses entre quienes encabezan las autoridades electorales estatales y los legisladores encargados de la reingeniería legal que a la fecha se traza.
Si bien no hubo necesidad de desaparecer todo el entramado electoral de las entidades, el legislador sí ha marcado una ruta que se dirige hacia lo que en este espacio tuve oportunidad de marcar en reiteradas ocasiones, como cambio inevitable: la ruptura de las redes de poder a nivel estatal, correspondientes al impulso y designación de los consejeros electorales locales.
Sólo basta con revisar la información de manera cronológica en el último mes y medio, para comprender que la premisa detrás de las intenciones de los dirigentes nacionales del PAN y PRD era dotar de controles a los grupos de poder (encarnados en los comités directivos nacionales) opositores, para incidir de manera más eficiente en los comicios locales; los cuales demostraron, en este mismo año, la abierta participación e intenso cabildeo de la estructura burocrática de los estados en sus niveles directivos y/o ejecutivos, con las instituciones electorales, a favor del partido que en estos momentos gobierna en la mayor parte del país, el PRI.
Como tal, la reforma político electoral no está pensada para ir al fondo del asunto: la autonomía de las autoridades electorales. Lo único que ofrece son alternativas para hacer más eficiente la inserción de los intereses de grupos de poder que no tienen que ver directamente con lo local, pero que se encuentran íntimamente ligados al ejercicio del poder desde el partido político, o los gobiernos de los estados con su par federal, y de igual manera con sus partidos.
Fueron los mandatarios estatales quienes más mostraron preocupación al defender la no desaparición de sus autoridades electorales locales, y quienes lograron presión efectiva en las comisiones parlamentarias donde se discute la próxima “gran” reforma del sexenio de Peña Nieto.
En ese sentido, también fueron quienes más ganaron en el diseño jurídico propuesto (hasta donde se sabe, los consejeros electorales serán elegidos por legisladores federales), ya que son quienes gozan de correas de transmisión únicas en el Congreso de la Unión. Los diputados y senadores ahí presentes, lo hemos visto ahora con la reforma hacendaria, obedecen más a la visión de los gobernadores, que a la de sus propios partidos.
A manera de visión prospectiva, lo que veremos en próximas elecciones son consejos electorales locales altamente partidizados y politizados. La mayor presión, sin duda, la llevarán los consejeros electorales, quienes, una vez cabildeados en el Congreso de la Unión para ocupar un lugar en los institutos, deberán de responder a: las expectativas de los partidos por los que fueron impulsados, la correlación de fuerza entre partidos en cada proceso electoral, y los intereses del partido en el gobierno (que se traducen en los del mandatario en turno).
Este escenario obliga a los legisladores federales a pensar en elegir como consejeros electorales perfiles no sólo conocedores de la materia, sino funcionarios electorales con la suficiente capacidad política para saber aterrizar las diversas presiones, y llevarlas a buen puerto. El ritmo de los acuerdos entre todos los sujetos políticos implicados en cada elección, no es convencional y/o predecible.
De no ser así, nuevamente veremos rupturas, inercias, desgaste, consensos atirantados y consejos electorales que no promueven su fortaleza como autoridad institucional per sé, sino como embajadores de los intereses partidistas que no sólo representan, y con los que se ven obligados a negociar.
Aquí vale la pena remarcar que no sólo son necesarias figuras abiertas al acercamiento y el diálogo (el cual no es garantía de consenso, pero logra reconocer a las partes involucradas), sino perfiles que logren mantener garantías de coherencia en la mayoría de sus decisiones. De lo contrario, los acuerdos se encontrarán en un ambiente vulnerable desde su origen.
De paso, habrá que ver en qué termina la cruzada de las presidencias actuales de los consejos electorales. Desde su trinchera donde critican de “absurda” o “majadera” la reforma, lo único que lograron fue federalizar el presupuesto de las autoridades locales, dejando en claro que en ese rubro también existe incidencia de los gobernadores en la vida de las instituciones electorales (y poniendo otro asterisco en su imparcialidad). ■
