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Seguridad humana y derechos humanos en Zacatecas

Seguridad humana y derechos humanos en Zacatecas

Aprincipios de los 90, sobre todo por los cánones que los Estados crearon a raíz de la guerra fría alrededor de la Seguridad Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) ha desarrollado el concepto de Seguridad Humana, porque ante la urgencia de proteger a la nación de ciertos riesgos provocados por embestidas del terrorismo, por conflictos internos o por la criminalidad, se han vulnerado los derechos humanos individuales, sociales y culturales. Es decir, al proteger a la nación el Estado vulnera a las personas, cuando su deber es proteger a la nación de cualquier riesgo y garantizar los derechos humanos de las personas.

Inmediatamente después de surgir el nuevo concepto se amplió para incluir la protección de las personas ante riesgos que pongan en peligro toda su integridad, las amenazas del hambre, las enfermedades y la represión, así como la protección contra perturbaciones repentinas a los patrones de vida diaria, desde el hogar hasta el trabajo.

Como se observa, la relación entre seguridad humana y derechos fundamentales representa un reto bastante importante al Estado. Como estas nociones se originan en el ámbito internacional, se hacen las debidas diferencias entre los problemas específicos de unas naciones respecto de otras: para Estados Unidos, por ejemplo, se observa su actuación en países invadidos, mientras que en países como el nuestro el tema central ahora es la seguridad pública, específicamente la criminalidad creciente.

En México están en el centro del debate público la actuación del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, tanto en su actuación para hacer efectiva la seguridad humana de todas las personas, como en la exigencia de que su acción vaya acompañada del respeto de los derechos humanos.

Al revisar esta doble situación que implica la seguridad humana en nuestro estado, es alarmante constatar que el sistema de procuración y administración de justicia, incluyendo las corporaciones policiacas, y el sistema penitenciario, no cumplen con los mínimos aceptables en ninguno de las dos exigencias. Pero no sólo esta falta del Estado pone en entredicho también a los poderes e instancias que fueron creados para generar el contrapeso necesario al poder del Estado, sobre todo la Comisión de Derechos Humanos.

Su efectividad está profundamente cuestionada: no informa con claridad a la ciudadanía sobre las circunstancias reales del estado, no emite las recomendaciones adecuadas y no tiene un esquema de acción que eleve sus capacidades. La Comisión zacatecana ha sido incapaz de enfrentar la tarea para la que fue creada.

Si el Estado junto con sus órganos de contrapeso no ofrece la seguridad mínima (que es lo que le da razón de ser), significa que estamos ante un Estado débil encaminado a ser fallido, lo que constituye el problema central que tenemos los ciudadanos: rescatar al Estado de su omisión y vacío.

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