■ Una híper estructura propiciaría súper consejeros con un control mucho más condicionado
La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra que Gobierno federal y los partidos no reconocen la importancia jurídica y política de los institutos electorales estatales, y por el contrario, sólo los perciben como dependencias administrativas, afirmó Víctor Alarcón Olguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee).
En ese sentido, calificó como desafortunado que el tratamiento que se le dan a esas instancias no sean las que corresponden al conjunto de instituciones reconocidas por la Constitución como mecanismos de control y regulación.
Afirmó entonces que el Pacto por México y los políticos que están alrededor de éste, no han hecho el reconocimiento jurídico y político que tienen los institutos electorales como organismos reguladores en la vida política del país.
Incluso, manifestó que a los institutos electorales de los estados “los están tratando como una mera dependencia administrativas, que francamente me parece un retroceso de manera significativa porque se trata de una situación pragmática”.
“No tenemos ningún juicio electoral que diga que los institutos electorales sean los propiciadores de los buenos o malos resultados de los partidos políticos, sino que estos se presentan por su incapacidad para hacer bien sus campañas electorales”, agregó.
Sobre el argumento de la intervención de terceros actores en los procesos electorales, Alarcón Olguín aseguró que ello se debe a que los partidos políticos no hay desarrollado un distanciamiento, autonomía efectiva ni controles para que los institutos electorales funcionen adecuadamente.
La creación de una híper estructura como el INE, entonces, va a propiciar una organización con menores controles y por el contrario, habrá súper consejeros que tendrán un control mucho más mediatizado o condicionado por la lealtad a los partidos políticos, según expuso el especialista.
En 1990, dijo el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la creación de los institutos electorales estatales fue una consecuencia de la necesidad de descentralizar el poder que en ese momento estaba concentrado totalmente en la Secretaría de Gobernación.
La preocupación coyuntural del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que son los principales actores que plantean que la centralización es una forma de quitarle poder a los gobernadores, explicó, es falso, porque es responsabilidad de esos organismos políticos hacer una mejor oposición e impulsar una mejor función de sus diputados.
Si en un momento dado los legisladores son rebasados en cantidad, entonces una opción es reforzar los mecanismos de impugnación, de control y de interpelación que podrían crearse en conjunto con las instancias de arbitraje para que si hubiese alguna controversia en los estados, haya la capacidad de hacer la observación en el Senado de la República o a través de esos recursos que ya existen en el plano judicial, explicó Alarcón Olguín.
Por último, comentó que hay otros factores colaterales que se están acumulando en el sistema político y electoral que, de no ser armonizados o estructurados adecuadamente, sería imprudente y arriesgado que se monte un sistema del cual no se han analizado las implicaciones disfuncionales que genera.
