■ Rodríguez duda si el Instituto Nacional Electoral podría realizar las consultas populares
Los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito y el referéndum, que se prevén en las legislaciones de la mayoría de los estados no podrán tener un impacto real en la democracia mexicana, mientras no se cambien los reglamentos actuales que los rigen y que constituyen un “plan con maña” de las autoridades para limitar estas figuras.
Esto lo declaró José Arturo Rodríguez, docente e investigador de la Universidad de Sonora, quien participó como ponente en el foro sobre Calidad de la democracia y procesos de participación ciudadana, en el marco del 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales. Federalismo electoral: experiencias locales.
Explicó que se requieren reformas electorales en los estados para modificar los requisitos, concretamente uno que supone el impedimento principal para que puedan desarrollarse con éxito las consultas populares.
Este factor al que hizo referencia es el de la imposibilidad de implementar estos mecanismos el mismo día de una elección.
Argumentó que, si por lo general en las votaciones oficiales para la renovación de los tres niveles de gobierno hay un elevado abstencionismo, este sería todavía mayor en caso de que las consultas se realizaran en otras fechas.
Esto es lo que rige, por ejemplo, en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas, en la que se dice expresamente que “durante la celebración de un proceso electoral federal, estatal o municipal, no se podrá realizar referéndum o
plebiscito”.
Este aspecto impide que puedan lograrse los altos porcentajes de participación que se piden para que puedan proceder las consultas ciudadanas, y que en algunos estados alcanza 50 por ciento del padrón electoral.
En el caso de Zacatecas, se establece que en ambos mecanismos para los temas de ámbito estatal y legislativo se necesita al menos 5 por ciento del padrón electoral; mientras que en los asuntos municipales se divide por población y como máximo se exige 10 por ciento del padrón.
Otro de los aspectos centrales que pueden considerar como limitante para realizar referéndums y plebiscitos, es el que se relaciona con la autoridad encargada de determinar la procedencia o no de los resultados de una consulta.
En este sentido, explicó que estas instancias, dependiendo de los estados, son los consejos generales de los institutos electorales estatales o el Ejecutivo de la entidad.
En Zacatecas, en la Ley de Participación Ciudadana se determina que “corresponde al Consejo General (del IEEZ) analizar las solicitudes y resolver sobre la procedencia o improcedencia del Referéndum o Plebiscito”, explicó.
Al respecto aseguró que los órganos electorales deberían ser realmente representativos de la sociedad, porque sino la respuesta que den en torno a la consulta se podría atribuir a intereses particulares de la clase política y no a los de la ciudadanía, por lo que se generaría una desconfianza hacia las resoluciones tomadas.
Además, en la misma legislación del estado de Zacatecas se determina que “en ningún caso, los resultados del referéndum, del plebiscito o del derecho de iniciativa, producirán efectos vinculativos u obligatorios para las autoridades”.
Se agrega en el texto normativo que “los resultados del referéndum y del plebiscito se tomarán como aportaciones de la ciudadanía para que las autoridades correspondientes valoren la conveniencia de revisar el marco jurídico y los actos del gobierno, adoptando en su caso, las medidas correctivas pertinentes”.
Otro de los cuestionamientos que realizó el ponente fue, en torno a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), si este organismo será capaz de asumir también las funciones de coordinación y realización de las consultas populares, lo cual puso en duda por la amplitud de responsabilidades que esto supondría.
En relación a la participación ciudadana en la política, otra de las ponentes del foro, Martha Elisa Nateras González, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UAM), aseguró que actualmente hay un desinterés por parte de la sociedad y, en concreto, de los jóvenes en este rubro.
Esto se debe, puntualizó, a que no existe un proceso de identificación con los partidos políticos y las instituciones que representan a los ciudadanos. Y a raíz de este desapego de los jóvenes con la actividad de los diferentes poderes, comentó que se están generando nuevas formas de participación que parten del ámbito social más que del político.
“Están participando más en procesos vinculados con las comunidades que con los grupos de poder, a través, por ejemplo, de las redes sociales”, enfatizó la académica.
