■ Exigen que se pague un precio justo al agricultor y se termine con el abuso al consumidor
El próximo 5 de noviembre llegarán al Distrito Federal las caravanas de productores de frijol de los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua. También estarán presentes los maiceros de Sinaloa y el Bajío y los productores de Sorgo de Morelos y Guanajuato. “Es la lucha contra la nueva sequía, la sequía de ingresos que padecen las familias de los productores”, informó la dirigencia de El Barzón en un comunicado.
La maquinaria agrícola y el ganado volverán a caminar por el Paseo de la Reforma y se instalarán en la Secretaría de Gobernación.
La demanda es única: El pago justo por sus productos y terminar con los altos precios de la canasta básica que sacrifica los ingresos de millones de consumidores mexicanos. El mercado agroalimentario debe ser reordenado y el Estado mexicano debe intervenir como regulador y participar como competidor para superar el control oligopólico en las cadenas de acopio, comercialización y ventas al menudeo, refiere el documento.
Los precios de los granos y productos agrícolas se han desplomado. Las cosechas son abundantes gracias a las bondades de las lluvias y los inventarios son suficientes. Las inversiones especulativas se han trasladado hacia las mayores ganancias de un dólar fuerte. La demanda para producir etanol se ha reducido.
Las caravanas tienen justificación: el maíz de desploma desde los 5 mil pesos por tonelada en 2011, a menos de 3 mil pesos en la actualidad con el agravante de que en 2014 se consigan 2 mil 300 pesos por tonelada.
Pero el precio de la tortilla se quedó arriba con precios entre 12 y 17 pesos el kilogramo, según la región del país.
Los frijoleros están recibiendo entre 6 y 7 pesos por cada kilogramo cuando sus costos de producción llegan hasta 7.50 pesos y en los anaqueles el producto se consigue por arriba de los 19 y 20 pesos.
Los productores de sorgo se muestran incrédulos al observar el desplome del precio de 4 mil pesos por tonelada y sólo recibir poco más de 2 mil por una tonelada de su producto, sin que ello signifique la reducción del precio de la leche o de la carne.
Las caravanas que volverán a llegar al Distrito Federal el 5 de noviembre tienen cinco exigencias:
Primero: Que sea el Estado mexicano el que llegue antes que los coyotes a la parcela de los productores para evitar las ventas de desesperación y garantizar el pago justo a los productores de frijol, de maíz, trigo, sorgo, café, leche y arroz.
Segundo: La creación de una empresa del Estado que participe en el acopio y la comercialización, sea garante de reservas de alimentos y construya un sistema nacional de compras públicas para satisfacer la demanda de las instituciones gubernamentales como el Ejército, los reclusorios, la policía, los DIF, los desayunos escolares y la satisfacción de las demandas de las comunidades rurales y zonas urbanas que son la base de los programas alimentarios y el combate a la pobreza.
Tercero: Establecer metas de producción 2014-2018 y plasmarlos en cada uno de los presupuestos federales y estatales para garantizar la producción nacional y reducir la dependencia en muchos de los productos alimenticios.
Terminar con el desorden y la anarquía en las siembras y crear la Comisión Nacional de Planeación y Producción Alimentaria presidida por el Ejecutivo federal. Definir los polígonos de producción emergente para garantizar mayores niveles de productividad y permitir el desarrollo de nuevas regiones de alta producción alimentaria. Garantizar la transformación del PEC para lograr que 50 por ciento del presupuesto sea destinado a inversión en bienes públicos de carácter productivo.
Cuarto: Creación de un Banco Nacional de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, para que el país tenga la posibilidad de emprender una política agresiva de financiamiento que permita elevar la producción y la productividad agrícola.
Cinco: Castigar la colusión que mantienen las grandes empresas que tienen el control del acopio y la comercialización y que fijan ilegalmente el precio al productor y el abuso al consumidor y establecer una nueva política de regulación y de competencia en el mercado agroalimentario.
