■ “La información que di me la pidió la ASE; esto no me asusta ni me espanta”: Rodríguez
■ No se tienen motivos políticos, sólo se pretende el ahorro de recursos de la Rectoría, afirma
Luego de presentarse una denuncia penal en su contra por daño moral, Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Stuaz), afirmó que continuará con el proceso de revisión de 75 docentes que no justifican tiempos determinados, suplencias o contratos como personal de confianza.
“A mí no me asusta ni me espanta esto. Voy a seguir porque la información que di me la pidió la Auditoría Superior del Estado, puedo mostrar documentos de todo lo que me pidieron. No tengo ningún problema porque además no señalo domicilios ni salarios, sólo nombre, centro de adscripción y su situación laboral”, explicó.
Indicó entonces que no le preocupa esa demanda por daño moral porque hace algunos años, él mismo presentó una denuncia similar porque lo acusaron de regalarle una plaza a su hija y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le dijeron que ese delito no existe y por lo tanto se archiva.
Al tratarse de docentes con tiempos determinados, suplentes y de confianza, reiteró que seguirá exigiendo la no contratación de esos 75 trabajadores, puesto que a los agremiados del Stuaz aún no le pagan su seguridad social.
Rodríguez Espino afirmó que la revisión de 217 expedientes se hizo con responsabilidad y producto de ello se determinó que 75 de ellos podrían ser prescindibles para la Universidad, “y si el Sindicato de Personal Académico (Spauaz) no estuvo, es su problema, no el mío”.
Informó además que el Stuaz ya interpuso una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación Arbitraje (JLCA), mediante la cual reclama los espacios de técnicos académicos y académicos profesionales como plazas del sindicato. Ello con el objetivo que la autoridad competente dirima la controversia y definir cuales plazas corresponden a uno u otro gremio, de acuerdo a las funciones de cada espacio laboral.
Asimismo, el dirigente sindical solicitará al Consejo Universitario un informe en el que se explique si el Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) fue aprobado por el máximo órgano de gobierno de la UAZ, ya que hay la posibilidad que “no haya sido autorizado”.
Por último, Rodríguez Espino desmintió que haya intereses políticos para revisar la situación de esos 75 docentes, sino sólo la intención de ahorrar recursos que permitan a la Rectoría solventar, por ejemplo, la seguridad social de sus agremiados. Incluso manifestó que no acudirá a ningún citatorio de la PGJE y esperaría ser aprehendido sin problema.
