La calidad de nuestra democracia está en graves aprietos. El desprestigio de la clase política es profundo por su separación del tejido social. Los políticos están actuando y decidiendo sin tomar en cuenta a los actores sociales que (se supone) representan. La sociedad se entera de las decisiones por los medios, pues no existen mecanismos institucionales para hacer fluir su opinión hacia los órganos de decisión y entonces, las grandes determinaciones son producto de correlaciones de las fuerzas al interior de los partidos políticos. Necesitamos una profunda reforma en nuestro sistema de representación político para garantizar que la opinión social influya en las determinaciones de las políticas que pretenden solucionar los problemas sociales.
Sin embargo, el corazón de la llamada reforma política que viene es la conformación del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución del IFE y los órganos electorales de los estados, como el IEEZ; en lugar de que el corazón de la mencionada reforma fueran cambios de fondo en la arquitectura institucional de representación ciudadana y en los órganos de planeación del desarrollo de los gobiernos que dieran voz y voto a los actores sociales y los ciudadanos, lo que viene son fundamentalmente reformas hacia dentro de la clase política.
Se argumenta la injerencia o, hasta determinación de los gobernadores en las decisiones de los institutos estatales electorales, lo cual se deja ver en muchos casos. Sin embargo, no hay una propuesta para atacar de fondo la causa que señalan: ¿cómo acotar el poder indiscriminado de los gobernadores? No presentan propuestas específicas para solventar este fenómeno que afecta no sólo a los procesos electorales, sino a los propios asuntos legislativos.
Atacan sólo el efecto electoral de este problema. Y lo hacen retrocediendo en el gran objetivo de lo que fue la llamada reforma del Estado: lograr constituir a este país en un verdadero Estado federal, es decir, las orientaciones federalistas en todas las funciones del estado.
Estamos frente a solución centralista que va en sentido inverso de la democracia federalista que desde los 90 era uno de los grandes objetivos de reforma política. Es cierto que la autonomía de los órganos electorales estatales está en graves cuestionamientos, sin embargo, la solución es crear órganos realmente ciudadanos y no consejos partidizados, como ahora ocurre, para acotar el poder discrecional de los gobernadores, y no eliminándolos, como se propone. Hay mucho que hacer para lograr una efectiva, accesible y manejable ley de participación ciudadana, y una ley de Gobierno participativo pensando en mecanismos para que la sociedad civil adquiera poder en la confección de leyes y en la orientación de los actos de gobierno, pensando en reformas políticas hacia afuera del limitado círculo de la clase política. Vienen cambios pero sin salir de la endogamia del sistema de partidos: el poder se redistribuye (pero) en familia.
